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ANÍBAL MIRANDA


  CORRUPCIÓN Y REPRESIÓN EN EL CONO SUR (Ensayo de ANIBAL MIRANDA)


CORRUPCIÓN Y REPRESIÓN EN EL CONO SUR (Ensayo de ANIBAL MIRANDA)

CORRUPCIÓN Y REPRESIÓN EN EL CONO SUR

Ensayo de ANIBAL MIRANDA

Intercontinental Editora,

Diseño de tapa: JUAN ROQUE ACCARDI,

Asunción – Paraguay

1993 (211 páginas)

 

 

CONTENIDO 

 

PRÓLOGO

 

I.- CONTEXTO: DERECHOS HUMANOS         

II.- DEL AMAZONAS A LA PAMPA      

III.- ÁMBITO, ALCANCE Y RESPUESTA A LA REPRESIÓN          

IV.- HITOS CONTRA LA IMPUNIDAD 

V.- CASO LETELIER         

VI.- CASO JUNTAS MILITARES ARGENTINAS        

VII.- JUICIO A COLLOR  

VIII.- PROCESO A LOS GENERALES EN PARAGUAY       

IX.- CONTRAPUNTO JURÍDICO - POLÍTICO 

X.- DE LA DENUNCIA A LA REPARACIÓN  

 

EPÍLOGO     

BIBLIOGRAFÍA     

 

 

 

PRÓLOGO

 

La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil hizo un excelente trabajo. Fernando Collor, el presidente que durante su campaña electoral prometió acabar con los maharajás enriquecidos por medio de negociados, fue formalmente acusado de complicidad en delitos de tráfico de influencias y corrupción. La CPI había escuchado a testigos calificados y recogido pruebas documentales que implicaban a Collor en una vasta red delictiva, mediante la cual allegados suyos fueron favorecidos con créditos a fondo perdido y concesión ilegal de servicios públicos multimillonarios. Liderado por Paulo César Farías, ladrón de guante blanco y anterior tesorero de su campaña electoral, la cuadrilla mafiosa acumuló y movió cuantiosos fondos que fueron a parar en parte a cuentas personales del entorno presidencial. El presidente repartió selectivamente dichos fondos a cambio de favores políticos y utilizó otro tanto para gastos personales, incluso en la reforma de su residencia particular. La decisión de impugnarlo fue aprobada por más de dos tercios de votos de los miembros en la Cámara de Diputados. El 2 de octubre de 1992 a las 10:20 horas Collor recibió oficialmente en el Palacio del Planalto la nota de suspensión de su mandato. Unos minutos después el senador Dirceu Carneiro comunicó al vicepresidente Itamar Franco la novedad. Franco fue desde ese instante jefe provisional del estado. La Constitución había sido honrada.

Aquel mismo día en el Palacio de Justicia de Asunción, el juez Cristóbal Cáceres Frutos instruyó sumario contra los generales Humberto Garcete, comandante del Ejército, Emilio Balbuena, comandante del III Cuerpo de Ejército, y Lorenzo Carrillo, ex comandante de la 4º División de Infantería, bajo los cargos de abigeato, tráfico de vehículos robados, soborno y asociación ilícita para delinquir. La denuncia correspondiente había sido radicada ante el fuero penal por el coronel Luis González Rojas bajo patrocinio del abogado Hermes Rafael Saguier, en base a informaciones sobre contrabando de vehículos a Bolivia y robo de ganado que fueron recogidas en un sumario realizado dentro de la jurisdicción militar. Sumario que, sin embargo, la justicia militar dejó pasar sin ninguna citación o apercibimiento para los acusados, contrario a derecho. Estaban implicados criminalmente varios altos cargos, desde generales de división hasta subtenientes y soldados en servicio. A raíz del sumario, cuyas copias fueron dadas a conocer por la prensa, el coronel González Rojas fue destituido de su comando y recluido ilegalmente, bajo guardia a la vista. La orden, tal como funcionan las cosas en Paraguay, no pudo haber sido emitida sin aprobación del comandante en jefe, general Andrés Rodríguez. La casa del abogado Saguier fue blanco de un atentado terrorista poco después. A tenor de una grabación telefónica dada a conocer por el doctor Miguel Abdón Saguier, los terroristas fueron contratados por el general Humberto Garcete y su amiguita Zuni Castiñeira, una ex modelo envuelta anteriormente en contrabando de drogas y prostitución. Los hermanos Saguier, miembros de la resistencia durante la dictadura militar, son dirigentes prestigiosos en el Partido Liberal Radical Auténtico.

Un alto porcentaje del establecimiento militar-policial es herencia dejada por el rapaz general Alfredo Stroessner Matiauda, quien hizo de Paraguay un lupanar sangriento por siete largos lustros. Como en Filipinas de donde Ferdinando Marcos fue echado en deshonra, de Paraguay se expulsó a Alí Babá pero quedaron los cuarenta ladrones. La prensa no dudó en calificarlos de milibandis y polibandis. En ese ambiente de discusión pública, libertad de información y electoralismo que cerraba 1992, una Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos (CBII) integrada por el Parlamento, comprobó la recurrencia de hechos que eran práctica habitual durante el stronismo. El asunto se puso verde oscuro cuando el juez Cáceres Frutos comprobó que las comunicaciones telefónicas estaban siendo interferidas y grabadas por la empresa estatal de telecomunicaciones ANTELCO. Esta práctica policiaca y lesiva a expresas normas constitucionales, se hizo sistemática durante la dictadura militar. Pero no terminó con su remoción. La diferencia es que se tornó incontrolable con el gobierno Rodríguez. Espionaje electrónico, soborno, droga y dinero se mezclaban desordenadamente alrededor del poder. La mafia tenía copado un importante sector del aparato gubernamental, sin poder precisarse a la fecha su magnitud y extensión. La justicia ordinaria intentó ponerse a la altura del desafío al abrir proceso contra los generales implicados.

El primer episodio de esta búsqueda de poner la casa en orden había comenzado en 1984, a poco de ser inaugurado el presidente Raúl Alfonsín. Una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), presidida por el científico y escritor Ernesto Sabato, elaboró un frondoso informe con las denuncias de miles de casos de homicidio, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de libertad, secuestro, tortura y robo agravado. Responsables: los “salvadores de la patria” que habían saqueado y enlutado a la nación durante el aciago período de la dictadura militar, 1976-1983, en especial los comandantes Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Agosti y Eduardo Viola. Un tribunal federal en Buenos Aires los procesó y condenó a prisión, junto a los demás líderes militares que ordenaron la mayor carnicería humana registrada en Argentina. Los golpistas no quedaron quietos. Diversas facciones de extrema derecha dentro de las Fuerzas Armadas, rémoras de fascismo que abrigaban particular codicia por la Casa Rosada, se levantaron en armas contra el presidente Alfonsín. Este sobrellevó los alzamientos y la constante presión de bolsones reaccionarios enquistados en la “patria financiera”, destacándose en ella ricos estancieros y comerciantes dedicados a la especulación. Su sucesor, por el contrario, desconoció la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y los Crímenes de Lesa Humanidad, así como los Principios de Cooperación Internacional en la Identificación, Detención, Extradición y Castigo de los Culpables de Crímenes de Guerra o de Crímenes de Lesa Humanidad, ambos aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 26 de noviembre de 1968 y el 3 de diciembre de 1973, respectivamente. En vísperas de la Navidad de 1990 y en uso de su atribución constitucional, Menem indultó a una treintena de altos mandos que estaban guardando merecida prisión, entre ellos Videla, Massera, Agosti y Viola. Por otro lado, tuvo la sagacidad de propiciar y promulgar una ley de indemnización que benefició a las víctimas de la represión y familiares afectados.

Los crímenes y abusos de poder no son privativos ni exclusivos de ningún estamento o país, como lo demuestran la variedad de situaciones y distintos lugares en los que ha proliferado. Tanto políticos como militares cayeron repetidamente en el error de creerse impunes y, obnubilados por sus prerrogativas, se lanzaron a hacer fortuna de la manera más rápida y expeditiva, por vía del delito. La causa principal de la corrupción, si cabría simplificar, se encuentra en la concentración desmesurada e incorrecta utilización del mando. Su acompañante habitual es la manipulación política. De hecho, corromperse es en esencia reflejo de debilidad, disfrazada las más de las veces bajo la soberbia y la prepotencia. Nadie que haya metido la mano en las arcas públicas, por lo que se conoce de los anales de gobierno en la región, ha sido lo suficientemente valiente como para confesar su culpabilidad. Los que llegaron a altos cargos mucho menos. Antes que arrepentirse, recurrieron por tanto a todo tipo de maniobras, obstruyeron la justicia, persiguieron a los denunciantes de sus averías o instruyeron a subordinados y parientes para difamarlos. Muchas son las técnicas utilizadas por los corruptos para acallar o restar credibilidad a las denuncias. Cuando ellos se hallan de espaldas a la pared, resultan francamente peligrosos. Cual vulgares hampones mandan ejecutar inocentes y tirar bombas, sin mostrar la cara, a objeto de crear terror y caos entre la población. S.E. el general Augusto Pinochet, ex presidente y actual comandante del Ejército de Chile, tiene sobrada experiencia en este ramo. Mandó ejecutar a miles de personas, entre ellas a dos prestigiosas personalidades destrozadas en el extranjero por la explosión de bombas. El objetivo de quienes así proceden es ganar tiempo o lograr impunidad.

Es por ello que, como medida de profilaxis social y para evitar mayores tropelías, conviene poner a los terroristas y corruptos -sean civiles o militares- a buen recaudo. Donde deben estar, en reclusión. Además, la sanción es muy didáctica para los que tienen apetencia por lo ajeno pero todavía no han consumado sus afanes. Es bueno que sepan el destino que les aguarda de desviar por el mal camino.

En el Cono Sur, la historia de la corrupción oficial es demasiado larga como para ser abordada aquí. Se tratará, por tanto, de reseñar una muestra de la misma en conexión con otro tipo muy persistente de violación de los derechos humanos, esto es, la represión. Corrupción y represión son las dos caras de una misma moneda. Una lógica de hierro establece que cuando la cabeza del estado tiene el hábito del peculado, el fraude, el contrabando u otras de las tantas formas sucias de hacerse de dinero, no tarda mucho tiempo para que ocurran crímenes políticos. Robo y crimen político son los ingredientes de toda dictadura. Las dictaduras no son fáciles de manejar, para nadie. No hacen caso de la ley, no respetan la voluntad popular, no miran ni persiguen el bien común sino su propio y egoísta provecho. En relaciones internacionales, son muy afectas a medidas demenciales conducentes a conflictos limítrofes y hasta guerras internacionales. Lo mostraron los comandantes argentinos en abril de 1982. No les importa el sacrificio de vidas humanas con tal de cumplir sus feos designios. Las dictaduras son engendros mal paridos de la política, reconcentración de la capacidad de robar, torturar y eliminar discrecionalmente cualquier oposición. Su erradicación tiene especial importancia no solo para sanear el tejido moral de la nación, sino también para permitir que ésta acceda a las oportunidades y beneficios del desarrollo.

La dictadura precluye el desarrollo y es, en efecto, su mayor obstáculo. La dictadura subvierte la ley, extingue el pluralismo y mata la democracia o la posterga donde ella pugna por emerger. Es importante destacar la mixtificación semántica de un argumento manido y abusado por los sostenedores de la dictadura, el de subversión. Si no la única, la primera y mayor subversión es la del gobernante que pisotea la ley y viola los derechos humanos. Cuando tal estado se torna institucional, provoca rebeldía y genera violencia. La violencia política no es grata ni agradable. Conlleva dolor e inseguridad.

Lo más trágico que puede sucederle a una sociedad es tener sobre su cabeza, pendiendo como un sable afilado, un régimen de fuerza. El pico del régimen de fuerza es la dictadura militar. Bajo ella no hay garantía o derecho que valga. La persona no es persona, es simple objeto del que puede disponerse caprichosamente. Una vida no vale más que la utilidad que pueda dar a los mandones. Un pueblo que padece dictadura se envilece. Esto es tan natural como la planta que no tiene agua, se seca por dentro. Un pueblo que padece dictadura militar, aparte de ser envilecido, se desgracia. Hombres, mujeres y hasta niños pagan con cárcel y sangre todo acto de denuncia. Para colmo, cuesta mucho desalojarla del poder. En ese esfuerzo, las individualidades muestran su firmeza. Son pocos los que pueden descollar cuando se oponen a una dictadura. Los más son barridos antes de levantar cabeza. Solamente los muy persistentes sobreviven a las detenciones arbitrarias, los tormentos, el exilio, los ataques a la familia y a su patrimonio, la penuria económica que de seguro le echan encima.

La percepción e incluso crítica es que ellos son estúpidamente arriesgados o ingenuos. Nadar contra corriente suele generar tal tipo de reacciones en el medio, lo que a su vez aleja a amistades y parientes que buscan protegerse o prevenir ulterioridades. El fatalismo, la ignorancia y el miedo estimulan el silencio cómplice, pero bien alto pagan las comunidades que aceptan la opresión calladamente. Sobre todo, se evidencia gran incomprensión hacia el sentido y el aporte de la resistencia. Los cínicos siempre encuentran en ella algún motivo bajo, alguna causa innoble. La sociedad la premia. O la rechaza. No hay términos medios en esa predisposición que es emotiva, no de razón. Es admiración a veces y de un sector de la población, aislamiento y negación otras y de otra parte de la población. El que hace oficio de resistir, cuando esto toma tiempo, debe ser obstinado para transitar esa senda llena de trampas, soledad y seducciones.

¿Pero qué de las otras víctimas? Por lo general ellas son personas comunes y corrientes, en promedio sin suficientes recursos materiales o anímicos para oponerse al poder del estado. De ellas nos ocuparemos en cuanto sujetos de obligaciones y derechos frente a la autoridad. Este trabajo tiene como centro a la persona, ser humano dotado de personalidad jurídica sin distinción de cuna, color, sexo, credo o ideología. Así está escrito: todos somos iguales ante la ley. Las diferencias vienen después sea como fruto de la capacidad individual o, más frecuentemente, de las injusticias en las instituciones y las estructuras. Las injusticias son las que lesionan a la persona y a la sociedad. El medio por el cual ellas se vehiculizan siempre es una otra persona.

Los delitos y abusos de autoridad son reparables. Pero no es el estado sino sus agentes -los funcionarios públicos- quienes en última instancia cometen el acto u omiten cumplir su obligación. De ahí que la responsabilidad recae sobre ellos, y solo subsidiariamente sobre el estado. Prisión y multa son las maneras de sanción en lo penal, restitución e indemnización en lo civil. En ambos casos se pretende reparar el delito, brindar al agraviado la posibilidad de recuperar o corregir el derecho conculcado. No menos importante, se busca preservar el orden social, la convivencia entre los ciudadanos y el funcionamiento regular de las instituciones. Un estado de derecho rige precisamente según el contrato social que es la ley. Cuando no ocurre así se está en presencia del arbitrio del más fuerte o la astucia del más perverso. Esta última situación torna impredecible la conducta humana, alimenta el vicio entre los funcionarios del estado, ahonda las divisiones y el temor en la ciudadanía, fomenta la incompetencia e irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública. Caldo de cultivo propicio para los extremismos.

Son las formas de reparación las que están marcando camino a las nacientes democracias en el Cono Sur. Sin golpes de estado, sin mesianismos, sin hombres providenciales. Los antecedentes mayores aquí examinados son el caso Letelier y el proceso a los comandantes de las juntas militares argentinas, un peldaño más arriba el caso Collor en Brasil y el proceso a los generales en Paraguay. Son ellas categóricas manifestaciones de que la vigencia de los derechos humanos se va ampliando lenta pero inexorablemente en esta parte del planeta.

ANÍBAL MIRANDA

 

 

 

III

 

ÁMBITO, ALCANCE Y RESPUESTA A LA REPRESIÓN

 

En el programa de entrevistas que dirige en Asunción el incisivo periodista Benjamín Fernández Bogado, una noche de fines de otoño de 1992 tuvo como invitado al siquiatra Carlos Arestivo. El entrevistado contó que allá por el 8 de abril de 1976 dio refugio a una señora embarazada que estaba siendo perseguida por las fuerzas de seguridad -en conexión con la Organización Primero de Marzo (OPM), "grupo guerrillero subversivo que busca derrocar al Gobierno legítimamente constituido por medio de la lucha armada", según los comunicados de la propaganda oficial. El Dr. Arestivo conocía a la señora por haber sido ella ex compañera suya de colegio.

También sabía, por lo que le tocó observar durante sus años de estudiante en la Facultad de Medicina, lo que significaba ser perseguido. "Siempre fui miedoso", dijo él con franqueza, "así que en ningún momento estuve envuelto ni hice oposición o nada que se parezca".

La policía pudo averiguar que la embarazada dio a luz y pudo escapar gracias a la ayuda de Arestivo y otros profesionales amigos. A éstos les cayeron encima, torturaron y tuvieron encerrados en Emboscada, campo de concentración para prisioneros políticos. Con el tiempo y teniendo como herramienta el tratamiento de torturados en aquel lóbrego campo penal, Arestivo y otros colegas igualmente sensibilizados ante las desgracias acarreadas por el stronismo comenzaron un proyecto de salud y rehabilitación que bautizaron ATYHA (1).

De todas las personas que pasaron por alguna de las tantas formas de represión, muchas de ellas nada tuvieron que ver con complot o subversión. La mayoría ni sabía siquiera disparar un arma. Como el médico a quien agarraron por el solo hecho de haber cedido al impulso humanitario de ayudar a una futura madre. Inocentes de cualquier transgresión a la ley, algunos de ellos ciudadanos ejemplares, fueron tratados sin embargo como feroces delincuentes. Bajo el régimen militar paraguayo, el beneficio de la tolerancia era para los que no escuchaban, no veían ni hablaban. Todo el que no estaba dispuesto a cooperar era un sospechoso, en el peor de los extremos un peligroso enemigo. Sin aparente distinción, la violencia desatada desde arriba tuvo esta constante: caía sobre la cabeza de cualquiera como en un juego de lotería. Con los rebeldes activos el premio era seguro, sumarísimo y efectivo. No pocos pasaron a mejor vida sin contar lo recibido.

A los sobrevivientes, la experiencia de haber sido detenidos, torturados o exiliados les sirvió de acicate. Positivamente. Los más ambiciosos se hicieron profesionales de la política, otros se dedicaron a la enseñanza, se establecieron como empresarios o comerciantes, y de las filas salieron también intelectuales y artistas. Hubo de los que entraron al servicio religioso, y hasta se conoce alguno que otro científico. Gente que quiso hacer algo por reformar lo que le resultaba injusto o le impedía realizarse, que estaba en desacuerdo con las autoridades o que aspiraba al cambio de estructura. Pero de los que experimentaron en carne propia el régimen de terror en Paraguay, menos drásticamente, se lo conoce como mbareté (2) resalta otro denominador común. Por encima de los vejámenes y el sufrimiento, las víctimas reclaman un lugar muy especial a la solidaridad.

En las prisiones no faltó quien compartiera el pan duro con el compañero cuando escaseaba el alimento, que se desprendiera de su abrigo o su manta para mitigar el frio del más desamparado. La joven violada en algún cuarto de comisaría era atendida y alentada por las más fogueadas en resistir. A esas expresiones de solidaridad en cautiverio acompañaron otras en libertad: los esfuerzos de arriesgados parientes y amistades para aliviar la suerte de quienes permanecieron o engrosaron las listas de detenidos, para tratar de dar con el paradero de los desaparecidos, enterrar a los caídos y asistir a los deudos, y pese al miedo, para sobrellevar la bestial represión. La consigna era sobrevivir.

Con su particular conformación y por distintos caminos, de aquellas jornadas de resistencia nacieron, así como ATYHA en Paraguay, las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo en Argentina, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, el Servicio Paz y Justicia en Brasil y Uruguay y, en todos los países de la región, las comisiones de protección de los derechos humanos. La precursora de estas entidades ha sido, quizá, la Comisión Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay presidida por Carmen de Lara Castro (3). No por otro motivo precursora sino porque en Paraguay se instaló, antes que en cualquiera de los países vecinos, una viciosa tiranía. Los dictadores que surgieron después de Stroessner tomarían prestado de éste algunos métodos en el ramo de aplastar opositores y disidentes.

A poco de asaltar el poder en 1954, Stroessner organizó y en los siguientes años perfeccionó un aparato compuesto por informantes y grupos de choque con adictos del Partido Colorado, fuerzas regulares de la policía y, en el pináculo, unidades militares de élite, todas ellas dispuestas para llevar a cabo su política de “encierro, destierro o cementerio”. Extendida fue la barbarie desatada, con picos sangrientos como cuando unos mal armados y peor entrenados grupos rebeldes -el Movimiento 14 de Mayo y Frente Unido de Liberación Nacional (FULNA)- intentaron derrocar al dictador por la vía insurreccional (4). Las milicias coloradas y comandos antisubversivos del ejército dieron cuenta prestamente de tales levantamientos. Stroessner dejó de tener oposición efectiva desde entonces, principios de la década del 60. No obstante, para satisfacer su ilimitada perversidad y a la vez continuar recibiendo asistencia del exterior, en su calidad de “primer soldado anticomunista del mundo”, ordenaba periódicos ataques armados contra indefensas asociaciones eclesiales, sindicatos, centros estudiantiles, colonias campesinas y todo lo que pudiera convertirse en semillero de resistencia contra su desenfrenado liderazgo.

Sus pares que adoptaron como propia la doctrina de la seguridad nacional no le fueron en zaga. A lo sumo, tecnificaron e hicieron más eficiente la represión. Fue lo que ocurrió en Brasil a partir del golpe militar contra Joáo Goulart en 1964 y muy especialmente desde la asunción de Arthur Costa e Silva en marzo de 1967; en Uruguay con la militarización de la maquinaria gubernamental y posterior disolución del Congreso, en junio de 1973, bajo control efectivo de los militares; en Chile desde el violento derrocamiento de Salvador Allende en setiembre de 1973; en Argentina con la toma de la presidencia en el triunfante golpe de los generales en marzo de 1976 (5).

La brutalidad de las maquinarias represivas se incrementó con el aditamento de tecnologías importadas, pero siempre teniendo como pragmático axioma EL MEJOR ENEMIGO ES EL ENEMIGO MUERTO. Para los regímenes de fuerza que se hicieron del poder en la región la definición de enemigo tuvo extrema latitud. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, general, Ibérico Saint Jean, fue claro al respecto: "Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores. Luego a sus simpatizantes. Luego... a quienes permanezcan indiferentes y, por último, mataremos a los indecisos" (6). Esto lo dijo públicamente uno de los más altos jerarcas del Proceso liderado por el general Jorge Rafael Videla en Argentina, cuando arreciaba la “limpieza de subversivos”, en 1977.

Sin explicitarlo de igual manera, los demás líderes militares actuaron precisamente con el ánimo de llevar a cabo lo que expusiera en aquel arranque de descarada franqueza el general Saint Jean. Afortunadamente no tuvieron la capacidad de acabar lo que se propusieron. Pero llegaron lejos. El costo humano y el desgarramiento social que sobrevino a consecuencia de tan demencial trabajo no ha sido reparado. Innúmeras han sido las secuelas, entre ellas la miseria de muchas de las víctimas. A las penurias económicas que fueron obligada compañía del extrañamiento o destierro tan utilizado por las dictaduras, se añadió la incomprensión y el aislamiento hacia quienes quedaban marcados por detenciones arbitrarias. La vida del demócrata paraguayo Eduardo San Martín, hombre de mucha dignidad pese a los avatares, es destacable como testimonio. El Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (CIPAE) recogió la nota sobre San Martín, apresado, torturado, desterrado, perseguido durante tres décadas pero nunca vencido. La conclusión:

"En medio de estas vejaciones de una dictadura asfixiante como la de Stroessner, hombres como Eduardo San Martín prefirieron regresar al país para aportar lo suyo en la lucha por la democracia... San Martín fue testigo del derrocamiento del tirano y del inicio del proceso de transición, pero apenas pudo disfrutar la libertad recuperada por los paraguayos. Murió como había vivido, sirviendo a su partido... Le sorprendió la muerte en agosto de 1989, siendo vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, influyente cargo desde el cual actuó en todo momento conforme a sus convicciones" (7).

Este es un caso de persecución prolongada, si bien poco común en su desenlace. El dirigente a quien tanto sus correligionarios como sus adversarios políticos recuerdan con gran respeto, pudo gozar el retorno y el reconocimiento, incluso pudo ver el fin de la dictadura. Dentro del Partido Colorado solamente queda una persona en plena actividad valorada por su corrección y honestidad, el senador Waldino Ramón Lovera, quien soportó al igual que San Martín un largo destierro. Cientos cayeron por el camino sin haber siquiera tenido cristiana sepultura. Los registros de desaparecidos fueron destruidos en Paraguay. La desaparición de personas fue también practicada por las huestes de Somoza y Trujillo primero, Pinochet y Videla después. Sus predecesores, los jefes nazis, habían procedido de manera similar. Por los crímenes contra la humanidad que éstos cometieron a lo largo y ancho de Europa, fueron en su momento procesados. Muchos huyeron cobardemente para evitar el juicio. Como criados en el mismo hogar, varios de ellos buscarían protección al lado de sus cofrades en Sudamérica.

El dictador Juan Perón dio refugio a una partida de los prófugos nazis. Adolf Eichmann estuvo radicado por muchos años en Buenos Aires, de donde lo secuestró silenciosamente un comando israelí en 1960 (8). Otro no menos sanguinario, Josef Mengele, vivió y trabajó en aquella ciudad como médico (sin registro) y vendedor de maquinaria agrícola. Hizo un par de viajes a Asunción supuestamente para colocar su producto, a partir de 1951. Huyendo de los sabuesos israelíes que estaban tras sus pasos, desde octubre de 1959 Mengele se radicó con carácter permanente en Paraguay y recorrió el territorio cual ciudadano privilegiado, con protección del más alto nivel. La primera cédula de identidad paraguaya con su verdadero nombre -tuvo hasta diez identidades diferentes- le fue expedida por la Policía de Asunción el 24 de octubre de 1959. El 27 de noviembre de aquel mismo año y con la firma nada menos que del presidente de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay se le extendió carta de ciudadanía. La orden provino del mismo Stroessner, de quien Mengele se había hecho médico personal.

El historial del “Ángel de la Muerte” Mengele tiene ribetes realmente extraordinarios. Había enviado a la cámara de gas a cientos de miles de judíos, polacos, rusos y miembros de otras nacionalidades en el campo de concentración-cremación de Auschwitz, situado en el sur de la Polonia ocupada. Como médico jefe de aquel campo, condujo además experimentos genéticos con discapacitados que murieron horriblemente. Testigos de aquella carnicería humana lo responsabilizan de ordenar el asesinato a sangre fría de unos 100.000 niños prisioneros, muchos de ellos después de ser utilizados como conejillos de India, hecho solo concebible en una mente terminalmente enferma. (9) Entre el 24 de mayo de 1943, fecha de su llegada a Auschwitz, y Nochebuena de 1944 cuando se fugó del lugar ante el avance del Ejército Rojo, envió a la tumba a unas 400.000 personas. "Mengele estaba firmemente convencido de que los judíos debían ser destruidos... pero también que aquellos judíos capaces de trabajar fuesen mantenidos con vida, por algún tiempo", según uno de los médicos alemanes que colaboró con él (l0). Cuando los israelíes descubrieron que Mengele tenía ciudadanía paraguaya y podría hallarse en Paraguay, solicitaron la correspondiente colaboración y captura a las autoridades, por canales privados. La solicitud no tuvo eco, a pesar del peso que tenía la próspera comunidad judía en los círculos oficiales de Paraguay. La República Federal de Alemania, ante el conocimiento de que Stroessner no estaba dispuesto a expulsarlo, radicó un formal pedido de extradición. Interpol fue alertada por si acaso el prófugo intentase salir del país. Una búsqueda de vasto alcance se puso en marcha, con ramificaciones en Brasil y Uruguay. Los servicios secretos alemanes, israelíes y norteamericanos coordinaron esfuerzos a fin de localizar al escurridizo criminal. Con anterioridad se había planeado secuestrar a Mengele para sacarlo clandestinamente rumbo a Israel, donde sería juzgado. El operativo, de cuya financiación se hicieron cargo los judíos sobrevivientes de los campos de concentración nazis, no prosperó (l1). La razón es compleja, pero principalmente se la atribuye a reservas expresadas por el gobierno de EE.UU. y por Mossad, el servicio de inteligencia israelí, ante las implicaciones diplomáticas adversas que con certeza sobrevendrían. El operativo Eichmann había levantado una fuerte polémica en Europa, el Medio Oriente y en toda América por la flagrante intervención en los asuntos internos de Argentina. La violación de acuerdos internacionales que implicó el secuestro y salida clandestina de aquel prófugo, con prescindencia de los tribunales locales, tuvo efecto negativo sobre la imagen del estado de Israel. El manejo del caso Mengele tuvo trámite diferente, entre otros a través de la publicación por la prensa de que Stroessner estaba protegiendo a semejante monstruo. Ante la presión internacional y las amenazas de sanciones económicas, el dictador paraguayo ordenó que se revocase la ciudadanía al que se había convertido en el más buscado criminal del mundo. Esto ocurrió en 1979 y obviamente no fue suficiente. La presión sobre el gobierno fue en aumento. Beate Klarsfeld, la cazadora de nazis, protestó ante el Palacio de Justicia en Asunción y llamó a Stroessner “mentiroso”. Stroessner era mucho más que eso, pero pocos se atrevían a decirlo en público estando en Paraguay. La explicación oficial tardía fue que ningún Mengele se encontraba en el país. Poco tiempo después los restos de Mengele serían exhumados de un cementerio en las cercanías de São Paulo, Brasil. Las pruebas de laboratorio confirmaron la identidad del cadáver. Otra versión no confirmada fue recogida por la prensa asuncena: el nazi errante se había afincado en San Pedro del Paraná, sur del Paraguay, donde permaneció hasta el día de su muerte por causa natural. La historia acerca de la prolongada huida del “Ángel de la Muerte” después de abandonar Argentina sigue en el misterio: su cómplice Stroessner, quien sabe mucho del tema, nada ha aclarado.

Así como Mengele mandó asesinar inocentes, también lo hicieron sus discípulos latinoamericanos. Algo de aquel duro período se refleja en la literatura de ficción, por un lado, en la científica, por el otro. Las poesías y cuentos testimoniales relatan momentos heroicos y sublimes de la lucha, debilidades y miserias que se escondían tras el mando incontrolado con sus tragicómicos escenarios (12). Artículos y libros de derecho, sociología, política, economía e higiene social indagan acerca de las causas, formas, condicionantes externas y determinantes locales de los regímenes militares, sus postulados, prácticas y resultados, señalando pistas para nuevas teorías. Impactantes series NUNCA MAS se editaron en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay (13). Tanto la ficción como el trabajo científico aparecen cual maneras de liberar tensión contenida, de buscar una nueva utopía después del desgarrador absurdo del terror.

Los Informes que historian las violaciones a los derechos humanos, patrocinados sea por comisiones oficiales como en Argentina y Chile, por servicios ecuménicos como en Brasil y Paraguay, o por una institución no gubernamental como en Uruguay, tuvieron el efecto adicional de impulsar una toma de postura a los gobiernos respectivos (14). Cuando las juntas militares mandaban, las desapariciones por lo común se negaban. Aparte del terror, aquellas imponían silencio sobre el destino de las víctimas.

Esa situación se sostuvo hasta que los jerarcas militares ya no pudieron sostenerse. A diferencia de los partidos políticos, las fuerzas armadas son instituciones de toda la nación. Sus mandos no son electos por los constituyentes, pero en función de poder también se desgastan. Solamente cuando ese desgaste se hace imposible de remontar es que devuelven a la ciudadanía los derechos conculcados, el de elegir autoridades entre ellos. Esto fue lo que ocurrió en Argentina como consecuencia directa de la desgraciada aventura que significó la guerra de las Malvinas, o en, Uruguay y Chile porque la represión a la larga incrementó la desobediencia civil. En todos los países de la región, en mayor o menor grado, la gestión del modelo de acumulación con autoritarismo impuso asimismo altos sacrificios al grueso de la población. Entonces los responsables fueron empujados de vuelta a sus cuarteles. Ellos no siempre pudieron cubrirse las espaldas, ante la magnitud de los delitos que cometieron, si bien trataron de justificarlos como resultados propios del “estado de guerra interno”. Solo que esa guerra se salió de cualquier marco legal, se descargó sobre la población como un todo y en esencia fortaleció la arbitrariedad, con exclusión de toda disidencia u oposición (15).

Lo que los partidos y las instituciones intermedias obtuvieron de espacio, lo obtuvieron tras mucho esfuerzo de sus militantes. Las movilizaciones de repudio a los proyectos continuistas castrenses llegaron incluso, en Uruguay y en Chile, a expresarse en rotundos no ante el referéndum y plebiscito convocados por las respectivas dictaduras. Los generales Gregorio Álvarez y Augusto Pinochet entendieron el mensaje. No pudiendo contener la presión popular y ante la división en sus propias filas, negociaron su retirada. Por el contrario, el más longevo y recalcitrante dictador paraguayo no transigió ni plebiscitó nada, hasta ser derrotado en humillación por un miembro de la nomenklatura y jefe militar, su consuegro Andrés Rodríguez.

A las leyes de protección promulgadas por influencia de cuanto hicieron los organismos activos en proteger la vida humana -paralelo a la presión internacional- siguió la creación de dependencias gubernamentales para promover el respeto de los derechos humanos, apoyar el retorno de los exiliados y, últimamente, para resarcir a las víctimas de la violencia institucionalizada (16). Respuestas estas dirigidas a encarrilar la política de la actividad destructiva a que la habían degradado las dictaduras, al bien común que por naturaleza es su ámbito. O que debería ser, al menos. De haber acatado las autoridades el mandato de los constituyentes, donde ese mandato se dio, los políticos y militares venales no hubiesen escalado posiciones. Y la insurrección, por ende, no hubiese tenido razón de ser.

La represión, más aun contra la propia población, no es tarea que dignifique a las fuerzas armadas. La misión de éstas es resguardar las fronteras y proteger la soberanía nacional. Cuánto de esto último hubo, se presta a duda: en Brasil, Paraguay y Bolivia las fronteras han sido traspasadas por todo tipo de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, armas y vehículos robados. Dichas bandas, con participación o complicidad de las autoridades fronterizas, encontraron santuario en puntos como Guaira y Ponta Porá, Brasil, Pedro Juan Caballero y Saltos del Guairá, Paraguay, y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A Luis García Meza y Alfredo Stroessner corresponde el mérito de que Bolivia y Paraguay llegaran a ocupar sitios principales en los registros mundiales por comercio de bebidas (especialmente whisky), cigarrillos rubios, armas livianas, electrónicos y cocaína con destino a terceros países. Formaron un club exclusivo de parias internacionales con el régimen racista de Sudáfrica, Israel durante la administración de Menachem Begin, Filipinas durante la égida de Ferdinando Marcos, los de extrema derecha de Guatemala, El Salvador y, mientras estuvieron al mando los militares, Argentina y Brasil. Chile bajo Pinochet también fue miembro (17).

El militarismo y sus excesos pueden verse, en retrospectiva, como consecuencia de aquellos aspectos excluyentes, intolerantes y xenofóbicos del patrimonialismo desfasado. Bajo su variante caudillista (Paraguay) o burocrático-autoritaria (Argentina, Chile, Uruguay y Brasil) ella estuvo presente en la cultura política que acompañó el desarrollo desigual y dependiente de la región (18). Los mecanismos de apropiación y acumulación, antes que desaparecer, fueron perfeccionados. Contrariamente, la corriente civilista -neoliberal una, socialista democrática la otra- abierta a aceptar el cambio y progreso traído por innovaciones en el conocimiento, alentó una convivencia menos traumática.

El poder es capaz de corromper y herir, pero también de organizar y estimular al conglomerado social a cuyo interior actúa. En los países del Cono Sur se ha visto lo uno y lo otro. Cuando los que hacen gobierno yerran o delinquen, la sanción se expresa a través de las urnas y el voto. Pero en un estado policiaco -eso fue Paraguay bajo Stroessner, Argentina bajo la Junta de Comandantes, Chile bajo Pinochet, Brasil desde Castelo Branco hasta Figueiredo y Uruguay con su Junta Militar- tales medios quedan anulados. Los suplantan los golpes, las rebeliones y la desobediencia civil. Una vez turnados los dictadores por fuerza de las armas o por el incontenible descontento de las masas, los yerros y delitos se pagan de otra manera: con la cárcel para los transgresores, la reparación e indemnización para los perseguidos y violentados. Pero la realidad tiene matices y no resulta fácil el cumplimiento de la ley. Una ambigua y cambiante relación político-jurídica queda así establecida.

No deja de sorprender como es que, luego de tanto maniatar y coartar la potencia creativa de la sociedad, esta devuelve a sus verdugos la moneda. Pero no de la misma forma como ellos se la dieron. En esta sutil recomposición de funciones se otorga cierto respeto a las normas y se recurre a los tribunales -no obstante su descrédito- se publican por la prensa sobre tumbas NN, grandes negociados y fraudes de quienes eran intocables (19).

Aquellos que sistemáticamente transgredieron las leyes se ven así sometidos, si bien con muchas excepciones y ventajas, a su imperio. Los extremos se tocan. Vale al efecto una comparación entre las dictaduras totalitarias de Europa del Este -particularmente las de Rumania y Alemania Oriental- con las dictaduras militares de América Latina. Unas y otras sobresalieron por su ofensivo desprecio a los derechos humanos. Contemporáneas en su desarrollo, parecían calcadas en el uso de la coacción y la violencia. Nicolae Ceasescu y Erich Hönecker, junto a otros varios altos cargos que los secundaron, terminaron fusilados o encarcelados. De los regímenes del Cono Sur de América Latina, ideológicamente antagónicos a los de Europa del Este, solamente Argentina registra prisión efectiva contra los máximos jerarcas de las juntas militares. Videla, Massera, Viola, Lambruschini y Agosti fueron condenados a larga reclusión por graves y repetidas violaciones de derechos humanos. (20)

Independientemente al fallo de los magistrados, otro jurado -el de la opinión pública- se adelantó en emitir veredicto. Los que se sirvieron del poder para enriquecerse y victimizar a la población, por más que la hubiesen envilecido, terminaron siendo objeto de repulsa generalizada.

La reversión de roles conlleva la capacidad de sancionar a quienes de verdugos se convierten, por el proceso de la historia, en criminales. El escenario que sigue a una dictadura es por lo común confuso. Antiguos verdugos devienen jueces y juzgan a sus cómplices, luego de cargarles con todas las culpas que ciertamente comparten. Se dividen y guerrean entre ellos. Son los períodos de transición, ricos en sacar a la arena nuevos actores y fuerzas políticas que pugnan por suplantar el viejo orden. O por apoderarse de él, remozándolo a su conveniencia. Paralelamente, se hace el balance de cuentas. Unos pocos cobran, otros se resignan. En cierto sentido, sin embargo, los que fueron perseguidos y no logran reinsertarse como seres socialmente útiles o en la misma posición que previamente tuvieron, nutren el deseo íntimo de que la impunidad no les cierre el camino de la reivindicación. Esta ilusión del reprimido, por llamarla de algún modo, es la que organizadamente se torna movimiento contra la impunidad, con creciente fuerza en los países del Cono Sur en los últimos años (21).

De la génesis y desarrollo de este movimiento, así como de su repercusión sobre el derecho internacional, se ocupa el siguiente capítulo.

 

NOTAS

(1)  Vocablo de la lengua guaraní, alude a grupo, lugar de reunión, instancia de encuentro. La institución comenzó a desarrollar programas a partir de 1985. La denominación completa es ATYHA-Centro de Alternativas en Salud Mental. Su sede está en Asunción pero trabaja igualmente con comunidades rurales. Cuenta con asistencia de Naciones Unidas, realiza consultas gratuitas para víctimas de tortura y edita un boletín, Escenas.

(2) En guaraní significa poder, fuerza. Como expresión del stronismo, designaba una jerarquía de control, dominación y opresión que permeaba todos los rangos y funciones del estado, desde el más alto nivel representado por el dictador y su entorno hasta los inferiores en los que el alcalde de pueblo y comisario se erigían cual dueños de vida y hacienda de quienes se situaban fuera o bajo dicha estructura. El mbareté tenía preeminencia sobre la ley escrita pero cuando chocaban una y otra, según quienes estuvieran involucrados se utilizaba la primera o la segunda. La primera era esencialmente la fuente y último recurso a que se apelaba para dirimir conflictos. Mucho de ese modo de hacer tiene todavía su impronta en la actual fase de transición. Ver David Helfeld y William Wipfler, Mbareté, la ley superior de Paraguay (1982).

(3) La Comisión Defensa de los Derechos Humanos del Paraguay fue fundada en Asunción por miembros de la oposición y el clero católico el 17 de junio de 1967, bajo presidencia de Carmen de Lara Castro. El Foro Internacional de los Derechos del Hombre comenzó a funcionar en Montevideo, Uruguay, en 1971, Foro al que se sumaron dos organismos con participación de exiliados paraguayos, a saber, el Comité Nacional de Lucha por la Liberación de los Presos Políticos Paraguayos, con sede en Montevideo, y el Movimiento Argentino de Solidaridad con el Pueblo Paraguayo, con sede en Buenos Aires. Información en Movimiento Argentino de Solidaridad con el Pueblo Paraguayo, Asesinato secreto y tortura como sistema de gobierno (1972). Como antecedente cabe citar el Congreso Interamericano Pro-Democracia y Libertad, en cuya segunda sesión (Maracay, Venezuela, 25 de abril de 1960) se aprobó un PRONUNCIAMIENTO CONTRA EL TIRANO STROESSNER, cuyo art. 3º declara "que el régimen tiránico de Stroessner, como transgresor a principios elementales de la personalidad humana, significa un peligro para la armonía y la paz del Continente (apartado 5º de los Considerandos de las Declaraciones de Santiago de Chile producidas en la V Reunión de Consulta/OEA)".

(4) Detalles en José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro y otros, El precio de la paz (1991), cap. III. Aníbal Miranda, Lucha armada en Paraguay (1989).

(5) El presidente Juan María Bordaberry de Uruguay estuvo como protagonista de los sucesos que cancelaron la democracia en 1973. Había llamado a los militares a intervenir y ya no pudo liberarse de su imposición. Se vio obligado a dimitir el 12 de junio de 1976, totalmente desacreditado. Fue reemplazado por un gobernante títere controlado por la Junta de Comandantes en Jefe. Todo el Cono Sur quedó a partir de entonces bajo mando militar, y entre los respectivos gobiernos se desarrolló lo que se conoce como Operación Cóndor, básicamente con el objetivo de intercambiar información policial y prisioneros políticos, como también para coordinar esfuerzos dirigidos a combatir cualquier intento de insurrección. Detalles en Cladys M. de Sanneman, Paraguay en el Operativo Cóndor (1989).

(6) Citado en Comisión de Familiares de Paraguayos Detenidos Desaparecidos en la Argentina, Ñemity Ra, s/a, p. 16.

(7) Reconstrucción de caso en José Luis Simón, Testimonio de la represión política en Paraguay 1954-1974 (1991), pp. 445-450.

(8) Adolf Eichmann fue juzgado bajo el cargo de genocidio y condenado a pena de muerte, s/ sentencia del Tribunal del Distrito de Jerusalén, Israel, 1961. Según dicho Tribunal, el genocidio está legislado como crimen contra la humanidad y por tanto se declaró competente para juzgar a Eichmann, a pesar de que el acusado residía en Argentina y cometió los crímenes en Alemania.

(9) Según el Centro de Documentación sobre Criminales de Guerra, Viena, Austria, dirigido por Simon Wiesenthal. Wiesenthal, arquitecto de profesión, fue prisionero por más de cuatro años en un campo de concentración nazi durante la II Guerra Mundial. Declaraciones suyas en ABC Color, 8 de noviembre 1983, p. 8

(10)  Declaraciones del criminal de guerra Hans Wilhelm Munch ante la justicia alemana, en Newsweek, May 20, 1985, p. 9.

(11) El operativo secuestro fue planeado en 1977, luego de que Mengele fuera localizado en San Antonio, pueblo cercano a Asunción sobre la ribera del rio Paraguay. Advertido por sus contactos locales, el prófugo nazi pudo escapar una vez más, según fuentes israelíes, quienes habían sobornado en vano a agentes de la Policía de Paraguay para colaborar. El Mercurio, Santiago, 31 de julio 1984, p. A6. Sin embargo, como se sabría después por las investigaciones de la Policía de Brasil, Mengele vivió entre 1969 y 1979 en São Paulo, cerca del lugar donde finalmente murió ahogado. ABC Color, 8 de junio 1985, p.7.

(12) Ver poemas en Ko'éyu Latinoamericano, publicado en Caracas, varios números de 1987 a 1990. Cuentos en Jorge Kanese, Stroessner roto (1989).

(13)     Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, Nunca Más (1984). Paulo Evaristo Arns, Jaime Wright et al., Nunca Mais (1985). Eugenio Ahumada y otros, Chile la memoria prohibida-las violaciones a los derechos humanos (1989). Servicio Paz y Justicia, Uruguay, Nunca Más (1989). Guido Rodríguez Alcalá, Testimonio de la represión política en el Paraguay 1975-1989 (1990). José Luis Simón, ob. citada.

(14) La obra de Eugenio Ahumada y otros, citada, fue patrocinada por la Vicaría de la Solidaridad de Santiago, en colaboración con el Consejo Mundial de Iglesias. Posteriormente el gobierno Aylwin conformó un equipo, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que publicó el Informe sobre violaciones a los derechos humanos (febrero 1991).

(15) La persecución de opositores no respetó tan siquiera fronteras o asilo. Entre los casos más conocidos, de Argentina desaparecieron el médico Agustín Goiburú y la bioquímica Esther Ballestrino de Careaga, paraguayos, fueron asesinados los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, el ex-presidente boliviano Juan José Torres y el general chileno Carlos Prats. La lista completa de desaparecidos paraguayos se encuentra en Comisión de Familiares de Paraguayos Detenidos Desaparecidos en la Argentina, ob. citada. Recién cuando el ex-canciller chileno Orlando Letelier fue asesinado en pleno centro de Washington, una seria investigación sobre la internacional de las espadas tuvo lugar. Sus resultados habrían de conocerse años después. Información detallada en Cap. V.

(16) Así, en Brasil fue creado el Conselho Nacional de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. En Argentina se creó la Dirección Nacional de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior. En Paraguay se creó la Dirección General de Derechos Humanos, bajo dependencia del Ministerio de Justicia y Trabajo. En Chile echó a andar la Oficina Nacional del Retorno; bajo auspicio del gobierno, con programas patrocinados conjuntamente por OIM, ACNUR y organismos gubernamentales europeos. En los respectivos parlamentos también entraron a funcionar comisiones especializadas, como la de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Paraguay, con destacables logros bajo la presidencia del diputado Sandino Gill Oporto.

(17) Trabajo ilustrativo sobre el Club de los Parias, activo durante la década del 70 y parte de los 80, es el de Benjamin Beit-Hallahmi, Israel Connection (1988). Caracterización de los regímenes militares derechistas en Walter Guevara Arce, Los militares en Bolivia, Nueva Sociedad, setiembre-diciembre 1981, pp. 19-36.

(18) El militarismo se entiende como una de las manifestaciones del autoritarismo. En el militarismo, es el caudillo o la corporación armada que juegan como factor de presión sobre las decisiones de gobierno o como gobierno mismo, tal como aparece en los países aquí reseñados. Bajo un gobierno no militar también se pueden dar formas extremas de autoritarismo, caso Alemania bajo la dictadura de Hitler, Sudáfrica bajo los regímenes del apartheid, Irán bajo el Sha y sus sucesores, los mullahs. Interpretación distinta en Héctor Castillo, Militarismo y desarrollo en América Latina, en Josef Thesig, comp., Política y desarrollo en América Latina (1976).

(19) Una muestra de tales exposés desde diferentes enfoques se pueden leer en números de Veja, Brasil, Somos, Argentina, Hoy, Chile, Análisis del Mes, Paraguay, y Brecha, Uruguay, años 1985-1990. Un ilustrativo trabajo de investigación sobre delitos económicos durante el stronismo en Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó, comp., Dictadura, corrupción y transición (1989).

(20) Este caso se trata con detenimiento en el capítulo sobre las juntas militares de Argentina. En Paraguay, por otro lado, la lucha de facciones dentro del aparato político-militar abrió las puertas para que el Poder Judicial sometiera a proceso a Stroessner y su entorno. El juez Félix Silva Monges dictó orden de arresto contra el dictador depuesto y, por no comparecer éste ante el Juzgado, lo declaró reo prófugo, rebelde y contumaz a los mandatos de la justicia, en querella de Martín Almada por la muerte de su esposa Celestina de Almada. La primera sentencia por delitos de violación de derechos humanos en Paraguay la emitió en mayo de 1992 el juez Luis María Benítez Riera, en la querella interpuesta por Guillermina Kannonikof vda. de Schaerer contra el ex-jefe de Policía Alcibíades Brítez Borges, el ex jefe de Investigaciones Pastor Coronel y los torturadores Lucilo Benítez, Camilo Almada y Juan Martínez, quienes fueron condenados a prisión por el homicidio con agravante de Mario Schaerer Prono, una de las primeras víctimas de la redada contra miembros de las Ligas Agrarias Cristianas y OPM en abril de 1976.

(21) Ver, por ejemplo, Tribunal Permanente de los Pueblos, Proceso a la impunidad de crímenes de lesa humanidad en América Latina, 1989-1991 (1991), con ponencias para cada uno de los países donde se realizaron sesiones. Sobre Paraguay, dicho Tribunal concluyó que "la dictadura no solamente había cometido crímenes como asesinatos, torturas y desapariciones, sino que también se había “robado el país”... un atentado contra la vida del pueblo, toda vez que dichos robos repercutían en la insatisfacción de necesidades básicas para la calidad de la vida como la salud, la vivienda, la tierra, la educación, etc." (p. 116, ob, cit.).

 

V

CASO LETELIER

Los dictadores no se preocuparon, soberbios por el mando como estaban, de que sus adversarios o el tiempo les harían bajar de sus sitiales. Tampoco prestaron atención ni moderaron su conducta frente a prohibiciones expresas de la ley. Craso error de cálculo. La memoria colectiva, esa defensa de los pueblos tan difícil de quebrar, los cambios en la conformación del sistema internacional y los códigos penales se encargarían de ponerlos cara a cara con sus errores y delitos.

El 21 de setiembre de 1976, un Chevrolet color azul fue volado por la detonación de una bomba activada a control remoto en pleno centro de Washington. El hecho se produjo a las 9:40 de la mañana sobre la exclusiva avenida Massachusetts, no lejos de Sheridan Circle y a pasos de la residencia del embajador de Chile. La explosión mutiló ambas piernas del conductor, Orlando Letelier, hirió gravemente a su secretaria Ronni Moffit y alcanzó también al esposo de ésta, Michael Moffit, que viajaba en el asiento posterior del vehículo. Tanto Letelier como Ronni Moffit murieron aquella misma mañana por efecto de la hemorragia y quemaduras de primer grado sufridas. Fue un trabajo altamente profesional. Primera vez que se producía un atentado con bomba en la capital de EE.UU. El terrorismo en su propio patio no agradó a la Casa Blanca. Tampoco a la comunidad diplomática. Las condenas apuntaron directamente a Santiago y demandaron castigo contra los culpables (1). El FBI, por tratarse de un grave delito federal con connotaciones políticas, comenzó inmediatamente una vasta investigación.

Orlando Letelier había desempeñado los cargos de embajador en EE.UU., ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Defensa durante la presidencia de Salvador Allende. Estuvo recluido en el sur de Chile después del golpe de estado del 11 de setiembre de 1973, como parte de la razzia desatada por la Junta Militar contra los líderes y bases de los partidos Socialista -del cual Letelier era miembro-, Comunista y otros nucleados en torno a la Unidad Popular. Sus cualidades de fino diplomático le habían granjeado un bien ganado respeto en el breve tiempo que estuvo al frente de la representación de su país en Washington. En esa ciudad, pues, eligió residir después de ser expulsado de Chile. El exilio no fue razón suficiente para mantenerlo callado. Paralelo a su tarea de académico investigador en el Instituto de Estudios Políticos, realizó críticas al régimen militar chileno fundamentalmente con el fin de que EE.UU. cortara la asistencia económica y militar que proveía a Santiago. Su palabra era tomada en cuenta en los círculos académicos y políticos, contando con influyentes amigos en el Partido Demócrata. Cuando se aproximaban las elecciones presidenciales en EE.UU., estando en su último tramo el período de Gerald Ford, comenzaron los recortes del programa dé créditos militares a Chile. El apoyo de EE.UU. a Chile en los organismos multilaterales como el BID y Banco Mundial fueron objeto de público cuestionamiento y, según analistas, habría de ser revisado si Jimmy Carter llegaba a la presidencia. Letelier fue silenciado definitivamente antes de que Carter llegara a la Casa Blanca.

Opositores a Pinochet también sufrieron atentados por aquellos meses, los de mayor actividad del régimen militar contra conciudadanos de prestigio residentes en el extranjero. Carlos Prats, ex-ministro de Defensa de Chile, fue asesinado en Buenos Aires en setiembre de 1974. Bernardo Leighton, ex vicepresidente demócrata cristiano, fue gravemente herido de bala en octubre de 1975 en Roma y de no ser por el azar, hubiese sido finado. Un departamento de operaciones extranjeras de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) era la encargada de llevar a cabo esas tareas. La DINA había estado operando en la recolección de información, detención y ejecución de dirigentes y militantes de la izquierda desde la fecha misma del golpe, al amparo del estado de sitio. Entre los años 1973 y principios de 1977, que fue todo el período de existencia de la DINA, ella materializó miles de asesinatos, hizo desaparecer a unos 1.500 opositores y disidentes y envió al exilio a otros 40.000, bajo autoridad directa de la Junta de Comandantes (2). No solo fueron diezmados grupos radicalizados como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). La represión se hizo contra todos los que apoyaron a la Unidad Popular y, en general, contra las organizaciones progresistas y populares. La represión se extendería a los demás partidos, notablemente al Demócrata Cristiano, con tradicional mayoría electoral. La Iglesia Católica no quedó a salvo de la violencia, coincidente con el trabajo asistencial de sus obispos, curas y laicos en favor de los perseguidos. No es de extrañar que la Comisión de Derechos Humanos de la ONU resolviera hacer un llamado al gobierno de Chile para que cesaran los “gruesos y sistemáticos abusos” contra la población. Este llamado fue olímpicamente desatendido, así como otras tantas resoluciones y condenas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Parlamento Europeo, el Congreso de Italia, el Congreso de Francia, el Congreso de EE.UU., el gobierno de la República Federal de Alemania y un sinfín de organizaciones no gubernamentales de todo el mundo.

En un primer momento, Pinochet trató de hacer aparecer el atentado como obra de grupos extremistas conectados a Allende, quien había sido asesinado en el Palacio de La Moneda en medio del golpe militar de 1973. El objetivo de matar a Letelier, según voceros oficiales de Santiago y la prensa adicta, se inscribía en la campaña de desestabilización llevada a cabo por elementos de la extrema izquierda que habían encontrado refugio en el exterior. Parte de dicha campaña pasaba por crear una imagen distorsionada del gobierno presidido por el general Pinochet para intentar aislarlo internacionalmente. En última instancia, seguía el argumento, el propósito era volver a instaurar en Chile un sistema totalitario y ateo con apoyo de la Unión Soviética y Cuba, contrario a las Fuerzas Armadas que se habían levantado en defensa de la libertad y para proteger a la patria. El gobierno se declaraba contrario al terrorismo y a favor de la democracia. La agresión de que era objeto Chile, proseguía, estaba siendo tergiversada por la propaganda del comunismo internacional, confabulada para hacer aparecer a sus máximas autoridades como instigadoras o cómplices de violaciones a los derechos humanos. En cierta ocasión el mismo Pinochet declaró: "esta es una campaña muy bien organizada, como todas las campañas que montan los comunistas, para desprestigiar al gobierno... Este gobierno no tiene nada que ver con el crimen del señor Letelier" (3).

Las declaraciones de las autoridades y los medios pro-Pinochet tuvieron amplia difusión, en el esfuerzo de desligar al régimen de las incriminaciones que documentadamente iba recogiendo el fiscal a cargo del caso en Washington, Eugene Propper. Funcionarios de la CIA que habían participado del plan para derrocar a Allende y una facción del Partido Republicano que brindaba apoyo al régimen militar chileno hicieron su parte, tratando de contrarrestar la avalancha de información. Pero eran cada vez más irrefutables las noticias que implicaban a la inteligencia militar chilena en el atentado. Las sesiones del Senado de EE.UU. sobre Chile, entretanto, sacaron a luz el alcance de las operaciones llevadas a cabo por la administración Nixon para prevenir la ascensión al poder de la Unidad Popular, primero, y más adelante el apoyo brindado a las fuerzas anti-Allende, en particular a los militares de derecha, para desatar el golpe. La CIA estuvo envuelta en tales acciones, en forma encubierta. Por instrucciones de Richard Nixon, el director de la CIA Richard Helms había canalizado fondos a asociaciones de empresarios y partidos contrarios a Allende, llegando incluso a involucrar a sus agentes al nivel operacional para remover a aquél del poder (4). Parte de los fondos para desestabilizar a Allende llegaron a destino vía Embajada del Paraguay en Santiago. Fue un refinado complot internacional que tuvo complicadas operaciones de inteligencia, sabotaje y guerra política el que finalmente desató el sangriento golpe de estado. Las fuerzas anti-Allende habían estado recibiendo pertrechos, información y dinero de EE.UU. a través de distintos canales, uno de los más cooperativos el Paraguay de Stroessner. Ya en la Presidencia, el general Pinochet ordenó a la DINA utilizar los conocimientos brindados por la contraparte norteamericana para liquidar a los más destacados líderes de la oposición dentro y fuera del país. Cuando le tocó el turno a Letelier, una rotunda mayoría de los políticos norteamericanos concluyó que los generales chilenos se pasaron la raya. De modo que se dispusieron hacerlo entrar en razón, principalmente a través de presiones económicas y la revelación por la prensa de los entuertos del complot y sus secuelas criminales.

El furor por el atentado en Washington no se aplacó, antes bien fue in crescendo con el blitz de noticias, opiniones y desmentidos en torno al mismo. El FBI había descubierto que un misterioso Juan Williams Rose o Andrés Wilson o Kenneth Enyart, identidades falsas de una misma persona, había estado conmutando entre Santiago y puntos de EE.UU. bajo la apariencia inocente de un viajante de comercio. Todos los indicios llevaban a concluir que el “comerciante”, cuyo nombre verdadero era Michael Townley, participó del atentado contra Letelier. Dicha ramificación salió a luz por la prensa desde febrero de 1978 en Washington (5). El FBI descubrió que un tal Alejandro Romeral Jara, relacionado a Townley y cuyo verdadero nombre era Armando Fernández Larios, entró a EE.UU previo al atentado. Estas revelaciones ocuparon grandes titulares en la prensa de ambos países. Tanta fue la presión que Pinochet decidió dejar en libertad a unos 300 presos políticos y se avino a intercambiar un líder comunista chileno por un disidente soviético. A fines del año 1977 Pinochet ya había ordenado disolver la DINA y pasar a otro cargo al director, coronel Manuel Contreras, quien por sus mortíferos servicios de represor fue ascendido a general (6). En medio del escándalo sobre la complicidad de la DINA en el asesinato de Letelier, Contreras fue pasado a retiro del Ejército en marzo de 1978, otra jugada de Pinochet para aparecer como defensor de la legalidad. En realidad, Pinochet era un cínico criminal que estaba tratando de encubrir su propia responsabilidad. Por aquella misma fecha, EE.UU. solicitó interrogar a los dos acusados, Juan Williams Rose y Alejandro Romeral Jara. Acosado, Pinochet ordenó la expulsión de Townley y lo mandó poner en un avión rumbo a EE.UU. Según una línea de interpretación, la decisión fue tomada para tratar de proteger su servicio de inteligencia y realzar la vapuleada imagen de su régimen. En perspectiva, fue una movida desesperada que resultó un pesado boomerang.

Townley fue detenido al arribar a EE.UU. Tratando de salvar su pellejo, proporcionó dato tras dato en los interrogatorios. Se había conectado en EE.UU. con un grupo que hacía propaganda y acciones violentas anti-Castro, el Movimiento Nacionalista Cubano (MNC). Cuatro de los afiliados del MNC, Guillermo Novo, Virgilio Paz, Dionisio Suárez y Alvin Ross Díaz, fueron acusados por homicidio en primer grado contra Letelier y Moffit en base a las declaraciones de Townley. Este, a la larga, confesó todos los detalles del operativo como testigo calificado, procedimiento que la justicia norteamericana acepta de quienes se avienen a cooperar para el esclarecimiento de un crimen, a cambio de reducción de la pena. La condena de Townley se fijó en 10 años de prisión. Su confesión permitió establecer sólidamente que Manuel Contreras, jefe de la DINA, fue quien ordenó el asesinato de Letelier. La bomba fue plantada por Townley tres días antes de la explosión propiamente (7). El control fue activado desde otro vehículo que seguía al de Letelier. Los operativos fueron los cubanos Virgilio Paz y Dionisio Suárez, quienes utilizaron para el efecto un transmisor de radio adaptado, del tipo que emite mensajes a los médicos de guardia.

En aquel punto las autoridades norteamericanas trasladaron el expediente a la justicia de Chile, con pedido de extradición del general Manuel Contreras y sus colaboradores directos, el coronel Pedro Espinoza y el capitán Armando Fernández Larios. Los tres aparecían como co-encausados en virtud de las pruebas aportadas por el confeso Townley, la entrada de Fernández Larios a EE.UU. y el acuerdo criminal con los cubanos anticastristas. El general Contreras, uno de los hombres de confianza de Pinochet, sabía demasiado. No era cuestión de entregárselo a los norteamericanos para que lo interrogaran. Como tampoco a los otros dos militares. El presidente de la Corte Suprema de Chile, Israel Bórquez, en un fallo que argumentaba como principal la insuficiencia de pruebas allegadas por una “acusación pagada” (la de Townley) negó la extradición el 14 de mayo de 1979. Los senadores Edward Kennedy y Frank Church propiciaron un voto de censura al régimen chileno, censura que fue redactada en los más duros términos para expresar la contrariedad y repudio del Congreso de EE.UU. hacia Pinochet (8). El secretario de Estado Cyrus Vance llamó a su embajador en Santiago, George Landau, para “consultas”. Todo parecía indicar que, de seguir los acontecimientos por ese curso, el personal diplomático norteamericano acreditado en Santiago sería reducido al mínimo y hasta podría producirse el formal rompimiento de relaciones entre los dos países. Los créditos norteamericanos a Chile fueron bloqueados y las compras por parte de las empresas norteamericanas del principal producto de exportación chileno, el cobre, disminuyeron sensiblemente. Hasta llegó a confiscarse en EE.UU. un avión de la línea aérea nacional, LAN CHILE. En represalia, Pinochet retiró a su embajador en Washington. Las relaciones entre los dos países se tornaron extremadamente tirantes. EE.UU. solicitó a la justicia chilena la revisión del fallo que negó la extradición del general Contreras y sus lugartenientes. La Corte Suprema en pleno volvió a rechazar el pedido de extradición por “insuficiencia de pruebas” en el expediente. Por el mismo motivo resolvió no juzgar a los tres militares acusados y ordenó su libertad -ellos estaban cumpliendo “arresto domiciliario”, según fuentes gubernamentales de Santiago (9).

Este giro de los acontecimientos resultó sorprendente y revelador a la vez. Por un lado dejó al descubierto el total sometimiento del Poder Judicial al dictador chileno. Ni la mismísima Corte, equilibrio y baluarte contra cualquier abuso del Ejecutivo en el pasado, tenía ya la capacidad para ordenar la investigación de un hecho delictivo que afectara a las Fuerzas Armadas y, en particular, a su comandante en jefe. Chile se había convertido, institucionalmente y por la virtualidad de los hechos, en un país regido y sometido por la fuerza. Era lo más lejos que se inclinaba el péndulo hacia el totalitarismo luego de haberse mantenido por casi dos décadas en el pluralismo y la tolerancia política, sistema que era la envidia y ejemplo para toda América Latina. Por otro lado, reveló la limitación del gobierno de EE.UU. en efectuar una resolución favorable a sus intereses y a su posición de líder mundial. La superpotencia que pocos años atrás derribaba y encumbraba gobernantes según su conveniencia, demostraba no contar con el suficiente poderío para volcar la partida a su favor esta vez. Era el síndrome post Vietnam que frenaba, cualquier despliegue o amenaza de fuerza militar, pero detrás de ello y con mayor incidencia aun, era el reflejo de la pugna por el poder dentro mismo de EE.UU. Se aproximaban las elecciones presidenciales y Jimmy Carter no había podido remontar su baja en las encuestas de intención de voto. El candidato Ronald Reagan, desde las filas más conservadoras del Partido Republicano, apostaba a una recomposición de relaciones con los “países amigos” de América Latina para “parar al comunismo”. Era el lenguaje de la Guerra Fría, con reminiscencias arcaicas pero todavía convincentes al electorado norteamericano. Contertulios de Pinochet como el general Vernon Walters o la señora Jeanne Kirkpatrick lo eran también de Reagan. El dictador chileno podía darse el lujo de desafiar a la administración demócrata teniendo tan buenos amigos republicanos de su parte. El sabía de lo que se trataba ese ajedrez que se estaba jugando en Washington y lo aprovechaba a su manera.

Entretanto la madeja se desenredaba por la otra punta. El truculento Stroessner había cooperado con Pinochet desde antes que éste subiera al poder, en aquel complot autorizado por Nixon para tumbar a Allende. Cuando Pinochet se hizo presidente, esa cooperación se volvió mutua. Una de las primeras salidas de Pinochet al exterior fue para visitar a su amigo Stroessner, con quien firmó una serie de acuerdos políticos y comerciales en mayo de 1974. La ocasión era propicia. Se celebraba la independencia paraguaya y eran contadísimos los jefes de estado dispuestos a perder tiempo o imagen codeándose con el dictador paraguayo. Stroessner fue el primer jefe de estado en visitar Chile en setiembre de aquel mismo año. Dentro de la comunidad internacional y en términos de popularidad, ambos eran verdaderos parias y no es extraño, por tanto, que uno y otro se dieran la mano a pesar de la antipatía personal que veladamente se profesaban. Era una de esas relaciones de interés compartido, especialmente por el lado de liquidar comunistas reales o supuestos -concretada poco después en el Operativo Cóndor- y en tratar de mantener a raya las pretensiones de hegemonía regional de Buenos Aires. Pretensiones que entre los gobiernos peronistas y los militares de la década del 70 no cambiaron sustancialmente, antes bien se agudizaron hasta el punto de provocar fricciones fronterizas, con Chile sobre las islas australes, con Paraguay sobre el curso del rio Pilcomayo. Tanto Stroessner como Pinochet eran reacios a aceptar como hermano mayor al gobierno argentino, con la diferencia de que el dictador chileno nunca fue tan cauto en sus expresiones o reacciones ante terceros países como el dictador paraguayo. De cualquier manera, el tema Argentina fue otro de los puntos de común preocupación para aquellos dos enérgicos generales. Un servicio de espionaje asociado a la inteligencia chilena funcionó en Asunción desde mediados de la década del 70, fundamentalmente orientado a recoger información sobre Argentina(10).

Aquella posta de espionaje chileno tendría utilidad para otros encargos. Uno de los servicios adicionales fue precisamente en hacer de agencia de viajes para facilitar el operativo Letelier. Dos de los hombres de Stroessner, Conrado Pappalardo y el general Benito Guanes Serrano, facilitaron las gestiones. El hilo comienza con un mensaje cifrado enviado por el entonces coronel Manuel Contreras al general Benito Guanes Serrano, jefes de inteligencia de Pinochet y Stroessner, respectivamente. En él, Contreras solicita a Guanes Serrano expeditar trámites de visa ante el Consulado de EE.UU. en Asunción para dos agentes de la DINA (11). En la espaciosa sede diplomática y consular de EE.UU. en Asunción se hallaban en funciones George Landau como embajador y William Finnegan como cónsul. El FBI y el perseverante fiscal Propper hicieron nuevamente de sabuesos para desentrañar esta enrevesada conexión. Tomaron entrevistas, hurgaron documentos y anotaron cuidadosamente detalles de la trama criminal que se extendería hasta la calle de las Embajadas en Washington. El cuadro resultante luce, verdaderamente, cual un laberinto.

Un desapacible día de invierno de 1976 el embajador George Landau - el mismo que luego sería destinado a Santiago- recibió en su despacho de Asunción la llamada de Conrado Pappalardo, secretario general de la Presidencia. Este le solicitó, de parte de Stroessner, visa para dos ciudadanos que precisaban llegar a Washington por un asunto relacionado con la CIA, de acuerdo a la memoria del embajador. Pappalardo envió los pasaportes a Landau y éste los hizo llegar al cónsul Finnegan. Eran dos pasaportes emitidos por la policía paraguaya a favor de Juan Williams Rose y Alejandro Romeral Jara. Ante la insuficiencia de datos en los formularios de visa, el cónsul sugirió al embajador que los solicitantes se presentaran personalmente al Consulado. Finnegan había detectado olor a podrido en los papeles. Como el trámite se demoró, Pappalardo insistió con el embajador explicando que el general Benito Guanes Serrano, jefe del II Departamento (Inteligencia Militar) era el que supervisaba los trámites ante pedido expreso de Pinochet a Stroessner, y que los dos hombres sobre quienes dijo eran agentes chilenos tenían la misión de entrevistarse en Washington con Vernon Walters, entonces sub-director de la CIA. Landau hizo las consultas del caso pero no logró dar con Walters así que, por propia decisión, instruyó al cónsul a expedir las visas solicitadas. Finnegan hizo lo que se le ordenaba, puso en los formularios "por instrucción del embajador" y firmó las visas. Por si acaso, el embajador mandó sacar fotocopias de cada una de las hojas de los pasaportes y las guardó en su archivo.

Romeral Jara no era otro que Fernández Larios. Williams Rose era en realidad Michael Townley, ambos al servicio de la DINA. El embajador Landau sabía que se trataba de espías, pero no sus verdaderos nombres ni la diligencia que los traía. Supuso que la cuestión se relacionaba con un informante paraguayo de la CIA en Asunción -como Paraguay era ruta de tránsito de drogas a EE.UU., la CIA y la DEA husmeaban periódicamente y a veces la mafia paraguaya se les echaba encima. Landau quedó con la sospecha. Los dos agentes, por su lado, también desconfiaron de que algo había funcionado mal. Landau recibió pocos días después un cable de Vernon Walters por el que éste le comunicaba que no tenía fijada ninguna entrevista con los dos agentes. Defraudado por el doble juego de Pappalardo, Landau se apresuró en pedirle de vuelta los pasaportes -fecha 6 de agosto de 1976. Comunicó la irregularidad al Departamento de Estado con la recomendación de que los dos sospechosos chilenos fueran detenidos al ingresar a territorio norteamericano. Pero ellos no utilizaron sus pasaportes paraguayos. Retornaron a Santiago luego de hablar con -sus superiores de la DINA y allá se les proporcionó nuevos pasaportes. Estos le fueron expedidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile a nombre de Armando Faundez Lyon y Hans Petersen Silva. La DINA tenía sus buenas razones para hacer el cambio de identidad.

Contreras había recibido informes de que la CIA estaba sobre aviso y de la orden de detener a los falsos paraguayos si llegasen a pisar EE.UU. (12). Cómo es que la DINA pudo enterarse de que la CIA sabía del asunto y que la Embajada de EE.UU. en Asunción había detectado algo raro, es algo que se presta a especulación. Una de ellas es que Vernon Walters se hallaba al tanto de la operación en progreso, tesis sostenida por dos investigadores que indagaron el caso sobre fuentes primarias en EE.UU. (13). Lo cierto es que tanto Fernández Larios como Townley ingresaron sin problemas a EE.UU, el primero como Armando Faundez Lyon y el segundo como Hans Petersen Silva, munidos de las documentaciones falsas que les entregó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Cuando Pappalardo devolvió los pasaportes pedidos por Landau era, según éste, el 29 de octubre de 1976. Letelier ya había sido asesinado. Los pasaportes vinieron sin las fotos -que de todos modos habían quedado registradas en el archivo del embajador. Los dos agentes de la DINA, junto con los miembros del grupo terrorista anti-castrista contratados, estaban dirigiendo sus pasos de vuelta a la rutina.

Misión cumplida tal cual lo planeará la DINA. Pero ésta no previó las repercusiones ni la profundidad de la investigación que seguiría. Pinochet no tuvo en cuenta que podría aparecer en escena la justicia norteamericana para, cuestión tan propia a un sistema de equilibrio e interdependencia de poderes, llevar adelante el juicio. Aun más, a las autoridades militares chilenas el curso del proceso se les tornó inesperadamente complicado con la salida de Chile del capitán Armando Fernández Larios. En una carta a sus superiores, este alegó inocencia en razón del principio de obediencia debida. "Los verdaderos responsables son los que ostentan los más altos grados del Ejército de Chile. Espero que esta baja sirva para que en el futuro no se vuelva a inculpar a un oficial subalterno por las actuaciones del alto mando del Ejército", escribió en su descargo (14).

Fernández Larios tenía otras cosas que aclarar, lo que hizo ante las autoridades norteamericanas a quienes se entregó voluntariamente. Sus declaraciones fueron explosivas por provenir de un desertor militar, por confesar su participación en el crimen e involucrar directamente a la plana mayor del régimen chileno. Esto ocurría a principios de febrero de 1987, una década después de haberse consumado el asesinato. Inmediatamente los organismos de derechos humanos en Chile pidieron una investigación imparcial sobre la implicación oficial en el caso. Pinochet ni siquiera se tomó la molestia de responder. Pero las declaraciones de Fernández Larios aumentaron el malestar en filas de las Fuerzas Armadas. El alto mando, con Pinochet a la cabeza, se vio desprestigiado ante los subalternos. Quedó de tal modo preparado el camino a la apertura política que se impondría en poco tiempo más.

Otra guerra no declarada se desenvolvió entre antiguos asociados, paralelamente. Pinochet acusó a la CIA de haber ordenado el asesinato de Letelier. A1 hacer esa acusación, Pinochet implicó directamente en el affaire al vice-presidente George Bush -que se encontraba en plena campaña como candidato a la presidencia- sin mencionarlo por su nombre. Bush había sido, en efecto, director de la CIA entre enero de 1976 y enero de 1977. Letelier fue asesinado en setiembre de 1976. Por tanto, no otro sino Bush habría dado la autorización u orden para abatirlo, siguiendo la versión Pinochet. Certera andanada contra quienes desde la capital norteamericana se estaban empleando tan a fondo para minar su régimen. Poniendo la cara por Bush, el director de la CIA trató de reparar el daño ofreciendo explicaciones a la requisitoria del Senado de EE.UU. La confrontación CIA-Pinochet destapó, para deleite de la opinión pública., sórdidas intrigas, espionaje y contra información cruzada.

Ínterin ocurrió algo más. El trato de la administración Reagan hacia las dictaduras se había transformado perceptiblemente. Al inicio de su mandato, la política exterior de Reagan (a quien Bush acompañó desde 1981 como vice presidente) hizo una clara distinción. Se volcó decididamente a favor de los que denominó gobiernos autoritarios (Argentina, Chile, Brasil, etc.) y decididamente en contra de los que calificó como gobiernos totalitarios (Cuba y Nicaragua). Esta fue la definición estratégica del autoproclamado “vicario de la política exterior norteamericana” Alexander Haig como secretario de Estado, compartida por la influyente representante ante la ONU, Jeanne Kirkpatrick. A partir de la guerra de las Malvinas y el problema Marcos en Filipinas, sin embargo, las cosas habrían de mirarse bajo otro prisma. Tanto que el sucesor de Haig, George Shultz, declaró que "en el Hemisferio Occidental hemos visto una tendencia notable en los últimos diez años, así que los países regidos por dictaduras ahora son Chile, Paraguay, Cuba y Nicaragua" (15). Estos no eran simples enunciados de propaganda. Pinochet y Stroessner experimentarían a continuación el aislamiento diplomático con presión económica de parte de Washington, en apoyo de transiciones ordenadas. Con efectiva intervención de EE.UU., “Baby Doc” Duvalier ya había sido depuesto en Haití y Marcos en Filipinas. Para EE.UU., era el nuevo concepto de responsable pan-intervencionismo en acción. De modo que en los círculos de poder se repetía, con cierta dosis de sarcástica predestinación, ¿será Chile el próximo? El presidente Reagan parecía no abrigar dudas. Decía él en privado: Pinochet se va (16).

A fines de noviembre de 1986 se produjo un atentado contra Pinochet cerca de Santiago. La autoría se atribuyó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo insurgente poco conocido hasta entonces desprendido del Partido Comunista. La Central Nacional de Informaciones (CNI) y comandos de derecha desataron una renovada ola de violencia, con el resultado de más ejecuciones que sacudieron a la sociedad chilena. Los dirigentes políticos opositores no perdieron la calma. Detrás del Movimiento por Elecciones Libres, llevaron adelante un programa unificado de demandas para terminar con la dictadura. Dicha iniciativa contó con el decisivo apoyo del cardenal Francisco Fresno Larrain, primado de Santiago. El punto central de la misma radicó en el pedido de plebiscito del mandato presidencial que, de acuerdo a la Constitución de 1980, mantendría en el poder a Pinochet hasta 1998. Una serie de movilizaciones populares dieron credibilidad a la fuerza de la oposición y al pedido de plebiscito, movilizaciones que fueron respondidas con una mezcla de táctica dura y disposición a negociar de parte de los miembros de la Junta. En el seno de la Junta era evidente que la idea de abrir el proceso estaba madurando, a contramano de lo afirmado por Pinochet.

El plebiscito se realizó el 5 de octubre de 1988. Triunfó el no con una clara mayoría del electorado, acortándose por tanto el plazo del régimen en 8 años (17). El 14 de diciembre de 1989 los chilenos fueron nuevamente a las urnas, esta vez para elegir presidente y miembros del Congreso Nacional. Patricio Aylwin, de la Democracia Cristiana, resultó vencedor. Asumió en marzo de 1990, veinte años después que su predecesor constitucional, Salvador Allende, fuera inaugurado. Se cerraba una época en Chile. Pero Pinochet, hábilmente, permaneció en actividad en el Ejército, quid-pro-quo para la convocatoria a elecciones y la vuelta a la civilidad. Salida política resistida en ciertos medios, pero salida al fin de años de miedo y represión.

El juicio por el asesinato de Letelier no había tocado a su fin. El 11 de abril de 1990 el FBI detuvo en San Petersburg, Florida, a Dionisio Suárez. Era el cubano que había accionado el control para detonar la bomba colocada en el Chevrolet azul sobre la avenida Massachusetts.

Mucho antes Pinochet se había desasociado de su mano derecha, el general Manuel Contreras. No obstante las evidencias demoledoras en su contra, Contreras resultó inextraditable por aquel fallo de la Corte Suprema del 1° de octubre de 1979 que quedó firme y no se volvió a revisar. Vernon Walters, quien llegó a ser embajador de EE.UU. ante las Naciones Unidas, negó que tuviese algo que ver con el operativo Letelier. Walters era amigo de mucho tiempo atrás con Stroessner, Pinochet y otros tantos generales latinoamericanos formados en la escuela de la Guerra Fría. Los registros lo encuentran en aquella reunión de presidentes americanos celebrada en Panamá en 1956, acompañando la delegación del presidente Eisenhower -con quien Stroessner se entrevistó brevemente y por única vez en dicha ocasión. Walters estuvo en Asunción con la delegación del vice-presidente Nixon en 1958. También se entrevistó personalmente con Pinochet luego del cruento levantamiento militar de setiembre de 1973. Una interpretación no desprovista de lógica podría ensayarse como parte de aquel complicado escenario.

Pinochet habría optado por asestar “un golpe en Washington” -abusando de o con la mano de sus amigos en la CIA, donde al tiempo de gestación del operativo se hallaban George Bush y Vernon Walters- como medio para influir en las elecciones presidenciales de EE.UU. Carter había prometido durante su campaña electoral que la asistencia norteamericana a los gobiernos del hemisferio estaría condicionada al respeto que demostraran sus autoridades por los derechos humanos, campo en el cual Pinochet no gozaba de muy buenas notas. La expectativa del dictador chileno habría sido, con una bomba bien puesta, torcer en contra del candidato demócrata los resultados y de paso desembarazarse del molesto Letelier.

Para los implicados como partícipes y encubridores, el caso no está cerrado. No se sabe lo que ocurrirá con ellos en el futuro. Para la justicia de Chile todavía falta el último trecho por andar. Sentado allá en su mullida butaca de la Comandancia General del Ejército en Santiago, el ex-dictador chileno murmura que solo ha deseado el bien para la patria. Cientos de folios del expediente Letelier atestiguan que no fue así. En cualquier momento, por esos vaivenes del poder, uno de aquellos folios puede descender sobre su cabeza.

El gobierno Aylwin ha puesto en marcha un comprensivo programa para compensar a las víctimas de la represión y sus familiares. Una serie de leyes y organismos estatales creados a partir de 1991 está ayudando a repatriar familias y facilitar su readaptación, extender cobertura médica y becas de estudio e indemnizar a quienes fueron golpeados por la violencia de estado. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, creada por Decreto Supremo Nº 355 del Poder Ejecutivo el 25 de abril de 1990, fue uno de los tempranos logros del gobierno Aylwin. El objetivo: "contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile, o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos los chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos" (18). Una de las recomendaciones de la Comisión fue indemnizar y prestar servicios para la recuperación de las víctimas de represión, otra la de establecer programas de apoyo al retorno de los exiliados esparcidos por el mundo. En alguna medida, la feliz concreción de aquellas recomendaciones se debe al esfuerzo de quienes, como Letelier, trabajaron para devolver a Chile su condición de nación pluralista y civilizada. En tal sentido cabe también mencionar al general Carlos Prats, cuya intervención oportuna abortó un conato de golpe militar en Chile a mediados de 1973 y, ya en el exilio en Buenos Aires, continuó trabajando a favor de la restauración de la democracia en su país. La Comisión Rettig, que investigó su deceso, llegó a la conclusión de que agentes de la DINA fueron los responsables de colocar la bomba que segó la vida del general y la Sra. de Prats (19).

En cuanto a reparación, el tribunal norteamericano que entendió el caso Letelier vs. República de Chile emitió en 1980 un fallo que sentó precedente y es utilizado como jurisprudencia en un creciente número de países desde entonces. Por el mismo, el gobierno chileno quedó obligado a pagar a los deudos de Orlando Letelier y de Ronni Moffit la cantidad de USD 2 millones en concepto de daños y perjuicios (20). Era una indemnización por la responsabilidad civil emergente del delito, técnicamente, pero equivalente en términos más amplios a una verdadera condena al régimen Pinochet.

 

NOTAS

(1)  Ante el coro de repudio en varias capitales del mundo y la acusación de complicidad contra el régimen Pinochet, el embajador de éste en Washington, Manuel Trucco Caete, ofreció al Departamento de Estado su total colaboración para esclarecer el crimen. El fiscal del distrito de Washington Eugene Propper, quien tomó intervención, no encontró colaboración sino subterfugios cuando su viaje a Santiago (marzo 1978). Ver Eugene Propper y Taylor Branch, Laberinto (1990), pp. 443-467.

(2) Reproducción de informaciones en Ernest Rossi and Jack Plano, The Latín American Political Dictionary (1990), pp. 84-85, Encyclopedia Americana, international edition, vol. 6 (1985) y Encyclopaedia Britannica,1980 Britannica Book ofthe Year, pp. 243-244.

(3)  Declaraciones del 9 de marzo 1978 del presidente Pinochet, reproducidas en Eugene Propper y Taylor Branch, ob. citada, p. 423.

(4) En el Senado de EE.UU., la Comisión Church (por el senador Frank Church) hizo una acabada investigación sobre la conexión CIA-golpe en Chile, como parte de los trabajos para conocer y controlar las operaciones encubiertas de inteligencia norteamericanas contra gobiernos y estadistas extranjeros. Ver sobre Chile, de Bob Woodward, VEIL. Las guerras secretas de la CIA (1987), pp. 51-52, y Jan K. Black, Sentinels of empire. The United States and Latín American militarism (1986), pp. 142-143.

(5)  The Washington Post,19 February 1978, p. A-1. The Washington Star, 3 March 1978, p. A-1, ofreció las primeras fotos de Townley y Fernández Larios en relación al asesinato, si bien con los nombres ficticios bajo los que consiguieron visas en el Consulado de EE.UU. en Asunción. El diario El Mercurio, 5 de marzo de 1978, p. 1, fue el que por primera vez reveló el nombre verdadero de Townley, su nacionalidad norteamericana y su relación anterior con la CIA. Townley fue enviado a EE.UU. por la DINA para el operativo Letelier en calidad de agente secreto de dicha organización, como quedó al descubierto posteriormente. El otro agente que rastreó los pasos del ex ministro previo al atentado, Armando Fernández Larios, era capitán del Ejército al servicio de la DINA.

(6) En realidad, la DINA quedó transformada en la Central Nacional de Informaciones (CNI), básicamente con el mismo personal aunque con un nuevo cuerpo de dirección. Pinochet solo estaba haciendo cambios cosméticos en su aparato de seguridad y espionaje.

(7) La acusación del fiscal Propper se extendió a varios otros miembros del Movimiento Nacionalista Cubano (MNC), quienes se fugaron. Miembros del MNC anteriormente habían realizado actos de sabotaje contra bienes e intereses de Cuba en EE.UU. y en el exterior. El proceso de los cubanos terminó en sentencia de cadena perpetua contra Guillermo Novo y Alvin Ross Díaz, dictada en fecha 23 de marzo de 1979 por el juez Barrington Parker.

(8) ABC Color, Asunción, 11 de octubre 1979, p. 2.

(9)  Encyclopaedia Britannica, ibid., p. 244. El fallo final de la Corte Suprema de Chile lleva fecha 1- de octubre 1979.

(10) Rogelio García Lupo, La guerra no declarada de Stroessner a la Argentina, Humor, marzo 1986.

(11) Parte del texto de este mensaje intercambiado entre los directores de inteligencia chileno y paraguayo apareció en The New York Times, 20 July 1978, p. A-14. La copia del mensaje fue entregada por Benito Guanes Serrano a un agente investigador del FBI, Robert Scherrer, ante la presión del embajador Robert White a las autoridades paraguayas.

(12) Los detalles aparecen extractados en La Opinión, 5 de octubre de 1990, pp. 10-12.

(13) La tesis no oficial sobre participación de la CIA en la trama Letelier fue avanzada por Ellen Ray y William Schaap, investigadores norteamericanos, quienes concluyeron que era "casi imposible" el desconocimiento de Vernon Walters acerca de aquella operación de la DINA en Washington. La CIA había asesorado en la parte técnica a la DINA desde 1973 y ambas agencias de inteligencia intercambiaron información en forma regular por lo menos hasta fines de 1976. El general Walters, según sus propias palabras, se reunió en varias oportunidades con el general Contreras “por cuestiones de servicio”. Ver Eugene Propper y Taylor Branch, ob. citada, y Rogelio García Lupo, Paraguay de Stroessner (1989).

(14) Reproducido en La Opinión, 5 de octubre de 1990, p. 10.

(15) Declaraciones del secretario de Estado Shultz en Roma, The Washington Post, 30 March 1986, p. A-18.

(16) Ver de Pamela Constable and Arturo Valenzuela, Is Chile next?", Foreign Policy, Summer 1986. WOLA, Latin America Update, May June 1986.

(17) Pinochet se aseguró mediante reforma constitucional la comandancia del Ejército hasta 1998, con apoyo de los altos mandos militares. Era el odioso precio que debieron pagar los chilenos para tener un presidente civil en La Moneda. Ver Encyclopaedia Britannica,1990 Book of the Year (1991).

(18) Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Informe, vol. I (1991), p. VIII. Se lo conoce también como Informe Rettig, por el presidente de la Comisión, Raúl Rettig. El trabajo fue terminado rápidamente y estuvo impreso para febrero de 1991.

(19)  Ibid., vol. II, p. 591. La relación del caso Letelier se encuentra en el mismo volumen, pp. 593-4.

(20)  Para la región, fue la primera sentencia sobre violación de derechos humanos cometida por un gobierno dictatorial y emitida fuera de la jurisdicción interna, relevante al derecho internacional. Detalles de compensación punitiva contra autoridades del estado en capítulo VIII de esta misma obra.

 

VIII

PROCESO A LOS GENERALES EN PARAGUAY

 

A diferencia de Brasil donde el crimen organizado tiene conexión con la política, el crimen organizado controla una parcela importante del poder en Paraguay. Este es un legado directo de la dictadura militar de Alfredo Stroessner Matiauda que mandó el país por casi treinta y cinco años como si fuera una estancia, purgó extensivamente y domesticó a las instituciones públicas, al partido oficial, a las fuerzas armadas y policiales a tal punto que éstas conformaron una sólida estructura orientada al delito, teniendo como objeto de explotación a la población en su conjunto. Una línea argumental repetida por los corifeos del stronismo y sus beneficiarios es que el pueblo paraguayo tiene la culpa de haber permitido y mantenido aquella dictadura. Todos hemos sido partícipes de la corrupción y debemos admitir nuestros errores, señalan. Nada más lejos de la verdad. Una facción derechista dentro del Ejército, capitaneada por el general Stroessner, fue la responsable de implantar la férrea triada Gobierno-Partido Colorado-Fuerzas Armadas que literalmente chupó el producto del trabajo y la energía de los habitantes, reprimiendo todo intento de rebelión y cuestionamiento de donde fuere, contaminando y envileciendo en ese proceso a las élites permisivas de la sociedad civil y, a través de ellas, a las organizaciones de intermediación entre el estado y el ciudadano. El querer descargar culpabilidad colectiva sobre la nación tiene un objetivo bien definido de parte de los represores y contrabandistas que se hicieron de cuantiosas fortunas amparados en el mando discrecional: confundir a la opinión pública y soslayar la propia responsabilidad sobre tantos crímenes cometidos, de modo a continuar ocupando puestos de privilegio luego de la caída de su líder único. Delincuentes irremisos de la talla de Gustavo Stroessner, primogénito del dictador y ex coronel de la Fuerza Aérea, jefe de una caterva de pervertidos y prófugo de la justicia con actual domicilio en Brasilia; Sabino A. Montanaro, ex ministro del Interior y jefe mafioso prófugo de la justicia actualmente asilado en Tegucigalpa, Ramón Duarte Vera, ex jefe de la Policía de la Capital, torturador y homicida, hasta hace poco embajador en Bolivia; Benito Guanes Serrano, ex general y jefe de Inteligencia Militar activo en matanza de campesinos; Ángel Souto Hernández, ex general y ex embajador envuelto en tráfico de drogas como miembro de la banda de Gustavo Stroessner, ex ministro de Defensa Nacional; Juan Manuel Frutos, ex presidente del Instituto de Bienestar Rural que regaló millones de hectáreas de tierra al entorno stronista y vendió otros tantos millones a empresas extranjeras, se embolsó el dinero y como premio recibió un puesto de senador del que actualmente disfruta; Antonio Campos Alúm, ex jefe de la Dirección Técnica, cuerpo de asesinato y desaparición de personas dependiente del Ministerio del Interior; Blas N. Riquelme, ex socio comercial de su amigo el dictador en negocios de contrabando e implicado en asesinato de indígenas en su extenso latifundio de la Región Oriental, actual presidente de la Junta de Gobierno del Partido Colorado; Humberto Garcete, general y ex comandante del Ejército, uno de los tres capo mafiosos que quedaron en servicio después del 3 de febrero de 1989, envuelto en tráfico de drogas y vehículos, y otros tantos malversadores de fondos públicos y torturadores que se regodearon en el poder resta que sean remitidos a la cárcel pública en Paraguay. Hay como una aureola de triunfador en el que roba plata al estado -y se lo puede robar de muchas maneras- para finalmente quedarse con el producto sin rendir cuentas a nadie. Este sería uno de los rasgos notables del sistema cleptocrático imperante por más de una generación, la facilidad y hasta cierta presión de grupo entre los funcionarios de alto nivel por apropiarse de cuanto estuviese a mano. Total, se justificaban, si no soy yo será el de más arriba. No pocos de los potentados de la Segunda Reconstrucción hicieron de la riqueza ostentosa un símbolo de status.

Más que la trapacería y cinismo de todos ellos juntos, clama a los cielos la monstruosidad jurídica y ética de que Alfredo Stroessner Matiauda, asesino, violador de menores y ladrón, siga en libertad en su cómoda mansión de la capital brasileña como asilado político. ¡Qué grotesca negación del gobierno brasileño a la democracia y la integración que los estados del Cono Sur están labrando esforzadamente en esta delicada coyuntura histórica! Los gobernantes brasileños adornan sus discursos con el distintivo de pueblo hermano cuando se refieren a sus vecinos latinoamericanos, pero en los hechos siguen practicando aquella peculiar política de duplicidad tan contraria a los intereses compartidos de paz y desarrollo. Los principios de la Constitución y las normas del derecho penal paraguayo, las convenciones del derecho internacional humanitario y las leyes de los derechos humanos, códigos enteros en verdad, han sido transgredidos en forma consistente y sistemática por su asilado espécimen viviente de la abyección en grado máximo. Más allá de la preferencia de Brasilia por cobijar a su malogrado sátrapa en desgracia, los lugartenientes nativos de éste que permanecen en Paraguay exhiben sin vergüenza la impunidad que les da ora la conexión con el general Andrés Rodríguez, ora la calidad de altos jefes partidarios y militares en funciones o el conocimiento en demasía comprometedor de las transas y trampas que se gestan cotidianamente al más alto nivel en esta etapa de la transición. Ellos son los que nos recuerdan a cada paso el cuento de que todos fuimos culpables, tratando de lavar o disminuir su complicidad y participación en el MURDER INC. que fue la dictadura militar. La realidad tangible es que Paraguay fue sometido por tropas de ocupación bajo mando de los generales, prebendada con los contratos públicos fraudulentos y el contrabando, organizada en cuerpos de choque con unidades de las Fuerzas Armadas, Policía, Delegaciones de Gobierno, Partido Colorado (Guardia Urbana y seccionaleros armados), paramilitares (Grupo de Acción Anticomunista, Garroteros del Barrio Ricardo Brugada y Sajonia de Asunción, Macheteros de Santaní, de las Cordilleras y otros tantos grupos repartidos por las distintas zonas del país), con una red de espionaje distribuida por cada barrio, cada distrito y cabecera departamental, cada pueblo y compañía con los pyragüé y agentes secretos al servicio del Ministerio del Interior (con centro en el Departamento de Investigaciones) y Ministerio de Defensa Nacional (con centro en el II Departamento). Dentro de esta cárcel del miedo no había reunión que no fuera conocida y reportada inmediatamente a la superioridad, incluso las eucarísticas y familiares cuando se congregaban “contreras” y “comunistas”, no había organización que se librara del amenazante control oficial -especialmente las políticas, de prensa, obreras, campesinas y estudiantiles- y tan pronto se pronunciaran contra algún aspecto de la política gubernamental o violación de derechos humanos, eran infiltradas, saboteadas desde dentro o liquidadas las más de las veces sin intervención de la justicia. Ni falta que hiciera. Los jueces desde la Corte Suprema hasta los de Juzgados de Paz del interior eran todos fieles y obsecuentes colorados oficialistas, disciplinados hasta la coma para reprimir con la ley en la mano. Ni uno solo de los altos mandos fue procesado durante el stronismo, a pesar de que fueron ellos los que ordenaron los ataques y ejecuciones ilegales durante aquella larga noche de los generales. El combativo abogado Hermes Rafael Saguier tuvo razón al decir: "La paz de Stroessner es el reinado de la violencia y la corrupción institucionalizada de la que se vanaglorian los señores generales y los señores políticos que gobiernan el país... Basta con recorrer las casas y residencias de Asunción y ver precisamente que las residencias más lujosas son de los señores generales. Generales que cuando entraron en el Colegio Militar eran pobres de solemnidad y hoy son los dueños de la riqueza de este país. Ese es el precio de la paz. Son los jornaleros de la violencia, ni siquiera son mercenarios porque no comprometen sus vidas en combates dignos. Son apenas represores. Son apenas ladrones de gallinas en lo que a valor se refiere. Estos señores generales, que son en la actualidad 60 en actividad, no han escrito un solo libro sobre su profesión y todos ellos han llegado a enriquecerse. Esto significa que, más que generales, tenemos comerciantes uniformados como precio de la paz. Podemos decir que tenemos 60 generales y ni un gramo de honor. Podemos decir que tenemos 60 generales y ni un gramo de patriotismo. Ese es el precio de la paz de Stroessner" (1).

En medio de aquel cerrado dispositivo militar-policial hubo rebeliones y alzamientos contra la dictadura en la Confederación Paraguaya de Trabajadores (CPT), el Partido Colorado (facción escindida que en el exilio conformó el Movimiento Popular Colorado -MOPOCO), entre los estudiantes secundarios y universitarios (especialmente del Colegio Nacional, facultades de Medicina e Ingeniería de la Universidad Nacional), entre los que fueron expulsados o desterrados (Movimiento 14 de Mayo y Frente Unido de Liberación Nacional-FULNA, vía insurreccional), en el campesinado (Ligas Agrarias Cristianas) y en los núcleos independientes (Ejército Paraguayo Revolucionario-EPR, Movimiento Paraguayo de Liberación-MOPAL, Organización 1° de Marzo-OPM, vía insurreccional). Estas y otras agrupaciones disidentes y su activismo demuestran que hubo resistencia continuada en el seno del pueblo, y como lo reafirmarían las asociaciones laicas coaligadas en torno a la Iglesia Católica, los frentes obreros agrupados en el Movimiento Intersindical de Trabajadores (MIT), los partidos nucleados en el Acuerdo Nacional (AN), esa resistencia se mantuvo y creció hasta minar terminalmente la sustentación del régimen militar. Rodríguez solo vino a cerrar el pleito ya cuando su consuegro y jefe había perdido el ejercicio de sus menguadas facultades mentales (2).

La gran mayoría de la población no participó sino que fue víctima de la violencia y el saqueo desatado y alimentado por la voraz élite stronista. Lo prueba hoy la magnitud de la comunidad paraguaya desperdigada por el exterior, Argentina y Brasil principalmente, ese Paraguay peregrino que es resultado visible de la Paz y Prosperidad de la Segunda Reconstrucción. Lo prueban sin duda esas recientes movilizaciones ciudadanas contra la corrupción, la impunidad y el opá-reí. Son decenas de organizaciones las que hoy sustentan la mayor corriente de cambio socio-político de que se tenga historia en el país (3).

Cinco son las obras fundamentales para entender en profundidad lo que sucedió durante el régimen del terror y a ellas nos remitimos para los datos que informan la evaluación precedente. Son a) de José Luis Simón y b) de Guido Rodríguez Alcalá, la serie NUNCA MAS, c) el compendio de José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro et al., d) el informe compilado por Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó, y e) el libro de Fátima Myriam Yore (4). Paraguay es un país de cultura eminentemente oral y fuera del mercado circunscrito a un estrato informado de poder adquisitivo medio alto y alto, el libro es lujo o mercancía innecesaria. Éxitos editoriales como tal no existen y las tiradas por los común no sobrepasan de 1.000 ejemplares. Salvo el de José Luis Simón, los trabajos citados han tenido una sola edición. Constituyen, no obstante y en conjunto, un valioso aporte al conocimiento y una referencia indispensable a la historia política y social paraguaya. Las investigaciones de Rodríguez Alcalá en lo político y de Palau, Lugo y Estragó en lo económico, el descriptivo análisis aunque de redacción dispar de Blanch, Acuña, Bareiro et al., el comprensivo trabajo de Simón o la acabada reseña de Yore, indagan con profusión de informaciones y evalúan con objetividad el período dictatorial reciente. En cuanto a la producción extranjera, cabría destacar por su original tesis la obra de David Helfeld y William Wipfler, por la narración ágil la de Rogelio García Lupo, y por la rigurosidad académica la de Paul Lewis (5).

Esta revista de fuentes es necesaria porque en ellas se detalla lo resumido aquí muy de paso, esto es, el contexto en el cual se dio la formación y consolidación del poder militar, base y núcleo de los gobiernos del Paraguay pos-guerra del Chaco. Con una precisión. Las administraciones de Eusebio Ayala, Rafael Franco, Félix Paiva y José Félix Estigarribia, al igual que la anterior de Eligio Ayala, fueron probas, hasta se diría austeras en el manejo de la hacienda pública. Robos entre los ministros y jefes militares eran desconocidos, si bien ocurría alguna que otra coima e introducción ilegal sin pago de impuestos a través de aduanas (6). Ninguno de los administradores se enriqueció bajo aquellos gobiernos. El país era pobre y los gobernantes vivían en casas más bien modestas sin ninguna ostentación, no regenteaban burdeles ni poseían cuentas bancarias en el exterior. Con el general Higinio Morínigo al mando y después de recibirse los empréstitos de EE.UU. y Brasil, la gestión pública se hizo un tanto menos decorosa. Morínigo fue un hábil negociador de alianzas -lo que se denominaría hoy tráfico de influencias- a cambio de hacer la vista gorda a prácticas irregulares como la asignación de provista y sueldos a parientes y allegados de altos cargos. Pero fortunas no se hicieron sino hasta después de la revolución de 1947, y éstas en número contado. El que comprobadamente usó dinero del estado en provecho propio fue Juan Natalicio González, ministro de Hacienda de Morínigo que prometió como plataforma de gobierno "no habrá un colorado pobre" y cuyas huestes se enfervorizaban al grito de "a sablazo o a balazo, Natalicio irá a palacio". De esa manera llegó González a la presidencia. No duró mucho ahí. Uno de sus alumnos en el arte sibilino de comprar votos y del recurso al sablazo y balazo, Alfredo Stroessner, conspiró contra él junto a otros jefes militares. González fue depuesto y exiliado. No resulta extraño que unos años después Stroessner tomara el poder en un cuartelazo y rápidamente estableciera una suerte de bazar árabe para allegarse apoyo político-militar y desbaratar la apetencia de sus adversarios. Su gobierno tuvo como pilar admitido y fomentado cuatro elementos: la delación, la represión y el soborno como armas para desactivar cualquier competencia, y la repartición de prebendas para premiar lealtades. Como parte de esto último, dio carta blanca a "los amigos y correligionarios" para hacer negocios (legales o ilegales, eso no importaba al corrupto general). Se extendió progresivamente una cultura de la corrupción dividida en los segmentos más altos del gobierno por parcelas de negocio y territorios. A la Caballería le tocaba una zona y dirección o participación en unas cuantas empresas del estado, a la Artillería otra zona y otras tantas empresas del estado, y así sucesivamente en relativo orden de tal modo que cada comando tuviera su “fuente de ingreso” (en criollo, “rebusque”).

Las empresas bajo gerencia militar o militar-partidaria fueron desde un principio la de telecomunicaciones, ANTELCO; las de transporte fluvial y aéreo, FME-FLOMERES, LAP y TAM; la de fabricación de municiones y explosivos, INDUSTRIAS MILITARES; la de fabricación de acero, SIDEPAR-ACEPAR; las de aduanas y puertos, ANNP con sus extensiones en el exterior (Paranaguá, Brasil, la mayor), ANAC, DINAC y DIRECCION GENERAL DE ADUANAS; la de seguro obrero IPS con su cadena de hoteles y casinos; las de monopolio de productos esenciales como la CORPORACION PARAGUAYA DE CARNES (COPACAR), INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (VALLEMI), COMISION MIXTA DE VENTA DE AZUCAR, ADMINISTRACION PARAGUAYA DE ALCOHOLES (APAL), REFINERIA PARAGUAYA (REPSA), PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), MOLINOS HARINEROS DEL PARAGUAY y PLAN NACIONAL DEL TRIGO; las de provisión gratuita de víveres, combustibles, servicios de salud, pensiones y formación técnica a militares tales como INTENDENCIA, COOPERATIVA, DIGETREN, HOSPITAL MILITAR, CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES, INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR, REMONTA Y VETERINARIA, etc. Varias de ellas obtuvieron préstamos “de desarrollo” contratados con los organismos financieros del exterior por intermediación de dos entes bancarios del estado, BANCO CENTRAL (BCP) y BANCO NACIONAL DE FOMENTO (BNF), más una entidad de acciones que extrañamente no asignó sino una mínima cartera a sus accionistas obreros, el BANCO NACIONAL DE TRABAJADORES (BNT). Entre el BANCO CENTRAL y las empresas privadas manejadas por los generales y sus testaferros se operaron multimillonarios negocios con las reservas internacionales que pertenecían al estado paraguayo y fueron a parar en su mayor parte a cuentas bancarias particulares en el exterior -el caso fue conocido como “evasión de divisas”, repetidas transferencias fraudulentas en realidad concretadas en las décadas del 70 y 80. Algunas de aquellas empresas públicas y gran parte de las firmas privadas fantasmas quebraron y desaparecieron dejando un tendal de cuentas impagas, solo para dar lugar a otras empresas y firmas que rehicieron y ampliaron los anteriores negocios. Reciclaje continuado de fondos sin personas concretas a quienes reclamar, manera rápida de levantar fortuna. Los entes de servicio como ANDE (electricidad), CORPOSANA (agua), ANTELCO (comunicaciones) recurren todavía a sobrefacturaciones en las cuentas de los usuarios toda vez que necesitan fondos extras para las campañas del Partido Colorado oficialista. Esto se hace por la modalidad de la discriminación de facturas, un mes abultándose las de usuarios de un barrio o distrito, al siguiente la de otro hasta completarse el cupo requerido por las autoridades. Aparte las sobrefacturaciones por compra de insumos y servicios con empresas del exterior que estos entes públicos realizan como procedimiento rutinario, son comunes las sobrefacturaciones por obras civiles como la construcción de caminos, aeropuertos, hospitales y centros educativos, distribuyéndose la diferencia porcentual entre las autoridades encargadas de aprobar los contratos y las firmas contratistas. Es la ecuación del diablo de la que habla el economista Agustín Oscar Flecha. Resultado patente es la duplicación y triplicación de los costos, malversación de fondos públicos, precios finales inflados y servicio deficiente. Los grandes elefantes blancos como el Gran Hospital Nacional, la cementera de Vallemí, la acería de Villa Hayes, los aeropuertos de Asunción (ex Presidente Stroessner) y Ciudad del Este (ex Presidente Stroessner, en construcción) pueden parecer sobredimensionados y hasta fantásticos ante lo limitado de los recursos locales, pero ellos tienen una lógica propia. Son fuente de dinero fácil para los que mandan. La cuantía de dinero mal habido a partir de tales negociados se calcula groseramente en USD 2.000 millones, equivalente a la deuda externa de Paraguay al final del stronato. Stroessner y Flia. se apropiaron de unos USD 1.000 millones y el resto se repartieron sus lugartenientes y las empresas concesionarias. Esto solo en contratos domésticos.

Los ministerios con preponderancia en el presupuesto público como Hacienda, Defensa, Obras Públicas y Comunicaciones e Interior estuvieron durante la dictadura bajo administración militar. También con fuerte presencia militar a través de prestanombres y firmas privadas han contratado las mayores empresas binacionales, ITAIPU y YACYRETA, con las firmas CONEMPA y CONSORCIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA (CIE), las consultoras ALTO PARANA, ESTUDIO JURIDICO LIBRA y ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS. Bajo sociedades de generales y coroneles - a través de testaferros del entorno stronista- se desenvolvían las principales empresas de seguro, banca y finanzas, comercio exterior, transporte, hoteles y reservados, casas de juego, información y prensa, construcción, vigilancia privada, representación de vehículos y maquinarias. La magnitud de los recursos desviados vía empresas contratistas de Itaipú y Yacyretá durante la fase de construcción, 1974 hasta 1986, se estima en unos USD 3.000 millones. Los generales Stroessner y Rodríguez se repartieron la parte sustancial del botín en ambos proyectos. Para cuando Stroessner estaba decayendo en vigor su activo rondaba los USD 3.500 millones en estancias, propiedades e inmuebles urbanos, fábricas, edificios de apartamento y grandes tiendas, empresas comerciales e industriales, transportes, cuentas bancarias y otro capital líquido radicados en Paraguay, Argentina, Brasil, EE.UU., España y Suiza. Gran acumulación de recursos que no concilia con el sueldo promedio

de USD 25.000 por año que le reportó los cargos de presidente de la República, general de Ejército y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. La suma promedio de sus 42 años de servicio como general y 34 años de servicio como presidente no alcanzaba al 5 por ciento de aquel activo a 1989. Pequeña diferencia del ahorrativo general que por modestia hasta ahora no se atrevió a explicar (7). Su no menos acaparador hijo fue tan lejos en su manía de juntar dinero sucio que la Drug Enforcement Administration (DEA) de EE.UU. elaboró a mediados de 1986 un plan de secuestro en la frontera paraguayo-argentina, plan que de no ser por la oposición del embajador Clyde Taylor hubiese tenido curso y probablemente en vez de Brasilia, la coronela acabase encerrado al lado del general Manuel A. Noriega en una cárcel de Miami. El narcotráfico había estado por bastante tiempo entre las más rentables actividades del primogénito y su grupo de pervertidos, quienes no solamente cobraban a los carteles de Bolivia y Colombia por dejar pasar la carga a través de Paraguay hacia EE.UU. y Europa sino que estaban envueltos ellos mismos como operadores. La DEA tuvo oportunidad de verificar que el tránsito de drogas por Paraguay era realmente extraordinario cuando en agosto de 1987 cayó en el aeropuerto de Bruselas el mayor cargamento procedente de Asunción, 115 kilos de coca de gran pureza transportados en un avión de Líneas Aéreas Paraguayas (LAP). A raíz de aquel decomiso fueron encarcelados Erich Bunte, un alemán asociado al abogado Hirán Delgado Von Leppel, sobrino político de Alfredo Stroessner y socio del hijo en empresas de seguro e inmobiliarias, y el paraguayo José Ljubetich (8). La información que Bunte proveyó a la DEA y el seguimiento que ésta hizo en Asunción y otros puntos de la conexión latina llevaron a confirmar que la antigua red establecida por André Ricord en los años 60, cuando hizo de la capital paraguaya su puesto de comando para inundar de cocaína el mercado norteamericano, había sido reactivada. Delgado Von Leppel, Gustavo Stroessner y Sabino A. Montanaro estaban implicados hasta el cuello.

Ese era el ambiente hacia fines de 1988 en Paraguay. Irrefrenable corrupción, confrontación en torno a la sucesión del capomafioso Stroessner, sabotaje entre aparatos en el partido oficial y en las fuerzas armadas, presión norteamericana, argentina y de los países europeos en favor de la transición y creciente descontento más activismo de las fuerzas sociales y políticas antidictadura. Stroessner había mandado cerrar varias casas de cambio, entre ellas Cambios Guaraní del general Rodríguez. A continuación el taimado consuegro le hizo ofrecer a Rodríguez el puesto de ministro de Defensa que implicaba el alejamiento de éste de la comandancia del I Cuerpo de Ejército bajo cuyas órdenes se hallaba la I División de Caballería, la mejor pertrechada y equipada del Ejército. De aceptarlo, Rodríguez pasaría a retiro y su ambición de suceder a Stroessner tendría abrupto fin. El primogénito Gustavo, postulado abiertamente por los jerarcas militante-stronistas como el próximo dueño del sillón presidencial, se hallaba pronto para asumir (9). Antes de examinar el salto a un nuevo régimen, cabe considerar lo que se dio como deliberada política de estado y permitió que la dictadura militar se mantuviera por tanto tiempo.

Dentro de aquella gran podredumbre que fue el stronismo en sus niveles de dirección, los mandos militares y jefes civiles del Partido Colorado oficialista ordenaron llevar a cabo una vasta cuan sistemática campaña de represión para acabar con toda disidencia. Ella tomó el nombre de “lucha contra el comunismo” o “política anticomunista” por motivos de propaganda interna y como gancho para recibir crédito, asistencia técnica y militar norteamericana. Téngase en cuenta que las décadas del 50 al 70 fueron de continuada confrontación y antagonismo entre las superpotencias, con - dramático efecto a nivel mundial. El régimen Stroessner hizo su opción por la potencia hegemónica continental, EE.UU., a la que se hallaba alineada asimismo prácticamente la totalidad de los gobiernos de la región en aquel período. Como parte de la Guerra Fría, los gobiernos clientes subordinaron sus acciones a la estrategia global dispuesta por los respectivos centros de decisión, Washington y Moscú. En los países de América Latina, por tanto, tuvo aplicación la doctrina de la seguridad nacional. Dentro de los lineamientos de dicha doctrina es que se efectuó aquí la “lucha contra el comunismo”. Hubo variantes en cuanto al alcance de las acciones según la orientación propia de cada uno de los regímenes militares, así en Argentina la “guerra interna” fue comprimida en el tiempo y extensa en el objetivo de desmovilizar a la población, en Brasil la “contrainsurgencia” fue más limitada y selectiva, dirigida certeramente a los núcleos de rebelión y no prescindió en ningún momento del juego de partidos. En Paraguay, como la dictadura tuvo más tiempo y en comparación a la mayor población de Argentina o Brasil, más cantidad de apoyo externo por habitante, la sociedad quedó progresivamente en indefensión ante la fuerza del régimen (10).

Asesinatos y desapariciones fueron hechos corrientes bajo tal estado de cosas. Todos los sectores, movimientos y estratos sociales fueron golpeados. Desaparecieron, por ejemplo, Agustín Goiburú (Colorado), Américo Villagra (Febrerista), Carlos José Mancuello, Amílcar María Oviedo, Benjamín Ramírez Villalba y Rodolfo F. Ramírez Villalba (Ejército Paraguayo Revolucionario), fueron asesinados Miguel Ángel Soler y Derlis Villagra (Comunistas), Juan Carlos Da Costa, Mario Schaerer Prono, Martín Rolón y Agustín Zavala Esquivel (Organización 1° de Marzo), Silvano Flores, Estanislao Sotelo, Mario Ruiz Díaz, Secundino Segovia, Feliciano Verdún, Federico Gutiérrez, Adolfo César Britos, Concepción González, Fulgencio Castillo, Gumersindo Brítez y Reinaldo Gutiérrez (Ligas Agrarias), Ulpiano Fleitas y Cristina de Fleitas (Colorados) y Juan José Farías (Liberal), entre los casos más conocidos de la década del 70 hacia adelante (11). Ni la policía ni los jueces investigaron estas desapariciones y muertes cuando se presentaron las denuncias correspondientes. Pero un asesinato habría de tener graves repercusiones para el régimen. Se lo conoce como el caso Filártiga.

Joelito Filártiga fue secuestrado a poco de salir de su casa del barrio Sajonia, Asunción, por un grupo de tareas de la Policía de la Capital. Eran aproximadamente las 23:00 horas del 29 de marzo de 1976 y había terminado de cenar luego de la jornada de clases en el Colegio Privado Comuneros, donde hacía el cuarto curso regular. Joelito fue llevado a la Comisaría 1º del mismo barrio, entonces bajo jefatura del comisario Domingo Galeano. En dicho local lo torturaron salvajemente y lo mataron a golpes y descargas eléctricas. El médico forense Arnulfo René Molina certificó como causa de defunción anemia aguda y registró una sola herida de arma blanca a nivel del 5° espacio intercostal izquierdo. El certificado fue firmado por el director del Policlínico Policial, Oscar Gómez, y enviado junto con el parte policial al juez interviniente, Diógenes Martínez. El padre del occiso, Joel H. Filártiga, médico, tuvo desde un primer momento la certeza de que su hijo no fue asesinado por una sola persona como rezaba el parte policial. Por los rastros de tortura -quemaduras, equimosis y escoriaciones en la cara, labios, abdomen, espalda, brazos y antebrazos, ambos muslos y piernas; fractura de cráneo (hueso temporal derecho); tumefacción y heridas cortantes y penetrantes en la región clavicular, tórax lado izquierdo y derecho, pierna derecha; contusiones varias- era evidente que habían intervenido varios agentes. Trabajo de verdugos profesionales, de aquellos que el infame Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones, tenía siempre a disposición para casos de necesidad.

Filártiga trajo a tres colegas para que realizaran inmediatamente la autopsia. Los médicos llenaron varios folios con el resultado de sus minuciosas observaciones. Munido de tal documento, el abogado de los Filártiga, Horacio Galeano Perrone, rebatió en un escrito lo asentado por el certificado de defunción oficial. Las equimosis fueron producidas por elementos contundentes como cachiporras y palos, las quemaduras fueron producidas por descarga de electricidad y colillas de cigarrillo encendidas, el hundimiento de la mano izquierda fue resultado de una patada y las escoriaciones de la muñeca y tobillos fueron rastros dejados por ataduras. Joelito fue atado de pies y manos para que no pudiera defenderse (12).

La explicación policial, a tenor de lo confesado por el presunto homicida, Hugo Duarte Arredondo, fue que éste encontró a Charito Villalba en su propio dormitorio en flagrante adulterio con Joelito. Duarte Arredondo confirmó ante el Juzgado la versión y dijo que apuñaló al intruso con un cuchillo de cocina.

Una serie de incoherencias surgieron del cruce de dicha declaración con las evidencias allegadas por los esposos Filártiga. En primer lugar, tanto el parte policial como el certificado de defunción oficial registraban una sola herida, soslayando los muchos rastros de tortura que fueron verificados por la autopsia independiente. En segundo lugar, la cantidad de heridas no pudo haber sido infligida por una sola persona en una lucha cuerpo a cuerpo, cachiporrazos y quemaduras inclusive. No es común que se ate de pies y manos a alguien en un arranque pasional, salvo como parte del procedimiento habitual que realizan torturadores profesionales. En tercer lugar, en el dormitorio donde Duarte Arredondo y el joven Filártiga se trenzaron en la supuesta pelea, según declaración del primero, no se detectaron señales de desarreglo ni destrozo. El vecindario no escuchó absolutamente nada a la hora que Duarte Arredondo declaró se produjo el hecho. En cuarto lugar, a la hora que aquél dijo haber llegado a la casa -trabajaba horario nocturno- el cuerpo de la víctima ya había asumido rigidez cadavérica según la verificación de la autopsia independiente. En quinto lugar, la casa donde se encontró el cadáver era del comisario Américo Peña Irala. Allí también vivían Hugo Duarte Arredondo y Charito Villalba con un hijo de meses. Fue el comisario Peña quien recibió en su casa a Dolly Filártiga y le dijo por el hermano, "ya tiene lo que buscaba y cuidado con hablar". Era una amenaza. El abogado Galeano Perrone también fue amenazado de muerte por Peña cuando aquél fue encarcelado ilegalmente por la Policía. Amedrentamiento sobre amenaza. El acto fue aun más lejos. La Corte Suprema canceló a Galeano Perrone la matrícula como manera de desahuciar a los Filártiga. Estos habían acusado al comisario Peña de ser el principal responsable por el secuestro y asesinato del hijo de 17 años. Querían la verdad y que los culpables fueran sancionados de acuerdo a la ley (13). La esposa y la hija de Filártiga fueron apresadas, su consultorio fue asaltado y vandalizado. Las amenazas por teléfono a la casa eran constantes y aterradoras. Pero antes que asumir el papel de víctimas, los Filártiga persistieron en su búsqueda de justicia. No consiguieron la detención de Peña, ni siquiera su encausamiento, pero sí suficiente atención de la prensa y la consiguiente presión de la administración Carter sobre el régimen militar paraguayo. Stroessner ordenó que el comisario, centro del escándalo en aquel punto, fuera despedido de la Policía. Este abandonó el país, silenciosamente. Pero en vez de ir a algún remoto lugar donde no lo pudieran detectar, viajó a EE.UU., entrando por Miami el 21 de julio de 1978. Para más, como indocumentado.

Peña fue detenido por las autoridades de Inmigración en Nueva York por estadía ilegal. Inmediatamente, los Filártiga presentaron una demanda por daños y perjuicios derivados del asesinato de Joelito. Esto ocurría en abril de 1979, generando una notable repercusión a nivel de prensa y gobierno en Paraguay (14). El abogado José Emilio Gorostiaga, penalista con conexiones en el mundillo oficial, se hizo cargo de la defensa. Michael Maggio y Peter Weiss, del Centro para Asuntos Constitucionales de Nueva York, patrocinaron a los Filártiga. Las instituciones de derechos humanos norteamericanas volcaron su atención sobre el caso: era la oportunidad de poner sobre el tapete las lacras de la represión, realidad cotidiana en América Latina conectada a la anterior política exterior del gobierno de EE.UU. de apoyo a los regímenes militares.

La defensa argumentó que la justicia norteamericana carecía de jurisdicción por tratarse de un asunto ocurrido fuera del territorio de EE.UU., estaba en curso un juicio ante la justicia penal en Paraguay y Peña solamente había infringido el plazo de estadía legal en el país anfitrión, por lo que cabía deportarlo. La cuestión era jurídicamente novedosa. No existía precedente para entender en un litigio entre extranjeros por un delito cometido en el extranjero. El fallo en primera instancia por incertidumbre de jurisdicción permitió que Peña fuera deportado de vuelta a Paraguay. La demanda siguió y fue aceptada en segunda instancia en base a una ley de 1789, Acta de Reclamos por Delito de Extranjeros, que preveía precisamente tal hecho a condición de que ofensor y ofendido hubiesen pisado EE.UU. El principio de territorialidad de la ley, tal como se lo venía aplicando desde el siglo XIX, cedía lugar al de internacionalidad del delito. Esto tuvo capital relevancia para la jurisprudencia en el campo de los derechos humanos. A partir de dicha decisión ningún represor podría ya sentirse libre de ser juzgado, y eventualmente condenado a la reparación civil, en cualquier lugar del mundo. Decía en su parte sustancial el fallo:

"De las cenizas de la II Guerra Mundial se levantó la Organización de las Naciones Unidas, entre las esperanzas de que una era de paz y cooperación al fin había comenzado. A pesar de que muchas de estas aspiraciones han probado ser metas lejanas, dicha circunstancia no disminuye el progreso real que ha sido logrado. En los tiempos modernos, las consideraciones humanitarias y prácticas se han combinado para llevar a las naciones del mundo a reconocer que el respeto a los derechos humanos fundamentales es del mejor interés propio y colectivo. Entre los derechos universalmente proclamados por todas las naciones... está el derecho a quedar libre de tortura física. En efecto, para propósitos de responsabilidad civil, el torturador se ha convertido -como el pirata o el traficante de esclavos antes que él- en hostis humani generis, enemigo de toda la humanidad" (15)

 

En cuanto al móvil del crimen, los protagonistas principales lo ocultaron. En realidad nunca fueron llamados a declarar, típico de un régimen que utilizaba el encubrimiento como expediente de impunidad. Stroessner trató de quebrar a Filártiga, disidente acérrimo y médico popular en Ybycuí donde atendía su Clínica La Esperanza, asestándole un golpe irreparable por el lado más sensible, el hijo. La historia es demasiado complicada como para sintetizarla aquí. Tenía que ver con las Ligas Agrarias Cristianas (LAC) y la Organización 1° de Marzo (OPM), cuyos líderes habían establecido células insurreccionales en distintos puntos de Paraguay en preparación para levantarse contra la dictadura. La policía secreta stronista se les adelantó y él resultado fue una carnicería de proporciones (16).

El juicio duró cuatro años y medio. El 12 de enero de 1984 el juez Eugene Nickerson suscribió la sentencia final que condenó al comisario torturador Peña Irala al pago de USD 10.4 millones como compensación por los daños y perjuicios derivados del asesinato, suma a pagar a los deudos Joel H. Filártiga y Dolly Filártiga (17). El Juzgado entendió que se justificaba compensación tan elevada, incluyendo carga punitiva adicional, como medida de prevención y disuasión de la conducta criminal que mueve al torturador. La drástica sanción estaba destinada no solo a impedir que un criminal repitiera su acción sino también a evitar que otros siguieran su ejemplo. Por ser Peña comisario de Policía al momento del asesinato, la obligación era legalmente vinculante para el estado paraguayo. En lo político, constituyó una condena al sanguinario régimen Stroessner. En los anales de la legislación internacional y para las organizaciones y gobiernos del mundo, Stroessner quedó como lo que era: un vulgar asesino que usaba de sicarios para ejecutar sus designios.

El precedente sentado por el fallo Filártiga vs. Peña Irala sirvió para la resolución de varios otros procesos. Aquel mismo año 1984, el argentino Siderman de Blake fue adjudicado USD 2.7 millones en reparaciones por decisión del juez Robert Takasugi, también en EE.UU. Siderman había sido secuestrado la noche que los generales desataron el golpe en Argentina, torturado y luego expulsado del país sin orden judicial. El estado argentino quedó obligado a pagar dicha reparación. Era la tercera vez que se emitía sentencia contra un régimen militar represivo. Primero en el caso Letelier vs. República de Chile (implicado Pinochet), segundo en Filártiga vs. Peña Irala, tercero en Siderman de Blake vs. República Argentina (implicado Videla & Co.). La transición en el Cono Sur estaba siendo jurídicamente apoyada por tales decisiones.

La vocinglera propaganda oficial en Paraguay -Patria, Ezequiel González Alsina y sus acólitos- tomó la cosa como otra campaña más de la conspiración comunista contra el Superior Gobierno y S.E. el Presidente Constitucional. No tardaría éste en ver que definitivamente las cartas estaban echadas. Hasta Ronald Reagan le daría la espalda.

Entre tumbos y espinas, Stroessner pudo estirar el carro con los residuos de sus sicofantes, los militantes, hasta el 2 de febrero de 1989. Aquel día firmó el decreto por el que pasaba a retiro a Andrés Rodríguez. Fue su última jornada como presidente. A la madrugada siguiente renunció y unos días después, ante la algarabía de la ciudadanía y la pasividad de sus seguidores que habían jurado sostenerlo “hasta las últimas consecuencias”, partió en un vuelo de Líneas Aéreas Paraguayas rumbo al exilio. Pero el stronismo no estaba enterrado.

Rodríguez comenzó muy auspiciosamente su gestión despidiendo a 34 generales y una cincuentena de coroneles vinculados estrechamente al entorno del depuesto dictador. Entre los generales de división pasados a retiro figuraban los que Hermes Rafael Saguier había calificado de ladrones de gallina, quienes se habían enriquecido groseramente a costillas del pueblo. Eran Francisco Alcibíades Brítez Borges, Alejandro Fretes Dávalos, Gaspar Germán Martínez, Gerardo Alberto Johannsen, Gustavo Prieto Busto, César Machuca Vargas, Eduardo Sánchez, Guillermo Federico Clebsch, Luis Alberto González Ravetti, Enrique Duarte Alder, Raúl Calvet y el vicealmirante César Cortese. También ordenó la reapertura de los medios clausurados y el levantamiento de las trabas al retorno de los exiliados políticos sin distinción de banderías, permitió el libre juego de partidos y llamó a elecciones generales, las que se realizaron en un ambiente de libertades públicas sin par en los 50 años previos. El 1° de mayo de 1989 Rodríguez fue electo presidente por voto mayoritario, junto con un Parlamento multipartidario, luego de declarar que se retiraría del poder en 1993. En el acto de juramento ratificó dicha decisión ante el Congreso Nacional y los presidentes Raúl Alfonsín, José Sarney y Julio María Sanguinetti que se dieron cita en la capital paraguaya para demostrar su adhesión al proceso liberalizador que estaba teniendo lugar en Paraguay. Terminaba el ostracismo y aislamiento internacional que habían sido resultado de la dictadura militar. Las leyes liberticidas stronistas fueron derogadas y la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José fue aprobada. La prensa dio destaque a una serie de ilícitos que anteriormente habían permanecido vedados a publicación, referidos a tráfico de armas y otros negociados, incluso las alegaciones sobre connivencia del nuevo presidente con el tráfico de drogas(18).

Este asunto de las drogas no terminaba de dilucidarse. Publicaciones anteriores habían ofrecido abundantes detalles sobre la participación del general Andrés Rodríguez, el entonces jefe de Investigaciones Pastor Coronel y el general Patricio Colmán en la red montada por el corso-francés Auguste Joseph Ricord (alias André), quien fue procesado y encontrado culpable por un tribunal federal de EE.UU. como jefe de la conexión latina. Se calculaba un mínimo de 5 toneladas de heroína las ingresadas por dicha red a territorio norteamericano entre 1967 y principios de 1971, por un valor bruto de aproximadamente USD 2.500 millones a precio de mercado (19). Suficiente como para sobornar a unos cuantos funcionarios venales de alto rango y tener bien aceitado el tránsito de la mercancía maldita hasta su entrega a los mayoristas en Florida y Nueva York. Un agente de inteligencia de EE.UU. comentaba al respecto: "hablar de soborno provoca reacciones nacionalistas. Pero es un hecho, aparte de cualquier juicio moral. Hay sobornos que facilitan el paso de la heroína por prácticamente todos los países de América Latina. Y esta organización (la de Ricord) usa prácticamente todos los países" (20). Cabría agregar que para llegar a los consumidores, también requería de sus buenos sobornos y extensa red en EE.UU. Así y todo, el gobierno norteamericano asestó un puñetazo al cartel paraguayo en 1972 al lograr la extradición de Ricord, luego de un forcejeo no tan diplomático entre Stroessner y el enviado personal del presidente Nixon, Nelson Gross.

Las condiciones institucionales para los negocios sucios, no obstante, se mantuvieron intactas en Paraguay. La red no fue desarticulada, solo se hizo más dúctil y ramificada como quedó en evidencia por sendos cargamentos, uno dejado sin retirar en la zona de equipajes del aeropuerto internacional de Miami (11 de mayo 1988) y el que fue decomisado previamente en Bruselas (14 de agosto 1987), ambos transportados por LAP. Entre diciembre 1987 y mayo 1988 unos 600 kilos de cocaína habían sido introducidos a EE.UU., según pudo conocerse luego del arresto de Roberto Paredes, pariente del coronel Adolfo Paredes. El coronel Paredes, administrador de Líneas Aéreas de Transporte Nacional (LATN) era amigo cercano del dictador Stroessner y tenía una estancia en el Chaco por donde circulaban las avionetas provenientes de Santa Cruz de la Sierra con “carga no identificada”. A raíz de los datos recogidos por la DEA, el gobierno de EE.UU. presionó a Stroessner para que investigara a fondo y procesara a los involucrados en el narcotráfico (21). Significativamente, pocos meses después Stroessner fue tumbado. Con conocimiento de causa es que un académico norteamericano escribió: "cayó víctima de una puja entre los ladrones sin honor que dominan Paraguay"(22). Fue una guerra en familia resuelta a cañonazos.

Rodríguez hizo reformas en lo político que aplacaron a la oposición, abriendo puertas para que ella ingresara al Parlamento; en el trato a la prensa que se vio libre de la rígida censura y de sanciones arbitrarias; en la justicia electoral con la promulgación de una ley que permitió participar a partidos y movimientos independientes en las elecciones nacionales y municipales. También realizó importantes cambios en las Fuerzas Armadas con la remoción de gran parte de la vieja guardia que acompañó al dictador, lo que le otorgó el control del aparato militar. En lo económico tendió a una liberalización del mercado. Su popularidad fue en aumento con la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución, en cuya sesión inaugural se comprometió nuevamente a entregar la banda presidencial al que resultara electo en las elecciones de 1993. Pero quedó corto en dos áreas cruciales: él no supo separar sus intereses personales y de su grupo de los intereses nacionales; tampoco fue firme a la hora de sancionar a los corruptos. Por ahí se presentarían los peores problemas.

En ocasión de las deliberaciones finales de la Convención Nacional fue introducida una limitación que no gustó para nada a Rodríguez. El art. 235 quedó redactado así: "Son inhábiles para ser candidatos a Presidente de la República o Vicepresidente... el cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de quien se encuentre en ejercicio de la presidencia al realizarse la elección o la haya desempeñado por cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquélla". Los convencionales previeron, sabiamente y ante la experiencia de cuando Gustavo Stroessner fue digitado para suceder a su taimado padre, que nunca más se planteara un traspaso dinástico tan impropio al sistema republicano. Además, una de las hijas del presidente, Mirtha Rodríguez de Saba, estaba siendo promocionada en los círculos palaciegos como probable candidata del Partido Colorado. Mirtha, quien había probado ser una sagaz administradora al frente de la Dirección de Recursos Humanos y en la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social, sería una opción apta para continuar lo iniciado por su padre. Los negocios familiares, entre ellos. Su delicada figura fue extensivamente promocionada cuando las inundaciones, apareciendo como cabeza del esfuerzo gubernamental por paliar la suerte de las numerosas familias desplazadas y sin techo. El veto constitucional a su virtual candidatura fue recibido con desagrado por los operadores políticos del rodriguismo. A continuación, Carlos Romero Pereira, uno de los propulsores de la anterior inhabilitación, presentó al cierre mismo de la Convención y como parte de las Disposiciones Transitorias, un proyecto de singular relevancia para bloquear todo continuismo. Este quedó aprobado por una mayoría de las bancadas colorada, liberal, democristiana, febrerista e independiente:

"Art.19. A los efectos de las limitaciones que establece esta Constitución para la reelección en los cargos electivos de los diversos poderes del Estado, se computará el actual período inclusive" (23).

Lo que en una democracia hubiese pasado como una cláusula de reaseguro a la alternabilidad, aprobada por mayoría de una soberana Convención Constituyente, en el Paraguay todavía lleno de stronismo ella fue atacada como una declaración de guerra contra la Presidencia.

Rodríguez reaccionó airado, expresando que se había ofendido a su familia y a él mismo. El presidente y miembros de la Corte Suprema, ministros, generales y parlamentarios fueron al Palacio de López a expresar su repudio al “agravio” y su adhesión al “agraviado”. El presidente del Senado Gustavo Díaz de Vivar, y el presidente de la Cámara de Diputados José A. Moreno Ruffinelli, se manifestaron indignados por la aprobación de la cláusula constitucional "por un grupúsculo de personas que, en tres años de revolución, no han podido hacer hasta hoy unos padrones limpios", y por la "discriminación en contra de la democracia". El vicealmirante Eduardo González Petit expresó su repudio "a los acontecimientos y expresiones vertidas en la Asamblea Nacional Constituyente (que) ofenden a las Fuerzas Armadas", y agregó, "en la noche de ayer se ha vivido un pasaje negro de nuestra historia". En franco tren de agitación, terminó diciéndole a Rodríguez: "Para cualquier circunstancia, ahora más unidos que nunca, cuente en forma incondicional con nosotros y con nuestros camaradas". El ministro de Justicia y Trabajo Hugo Estigarribia, a nombre del gabinete en pleno expresó: "unos pocos no han comprendido que la palabra del soldado vale más que mil leyes". El diputado colorado Julio César Vasconsellos fue más lejos, calificando de traidores "a los correligionarios que han insertado una cláusula ofensiva al presidente Rodríguez", y "esta Constitución no tiene ningún valor... no merece el respeto de nadie ni merece ser jurada... Es un mamotreto, una obra producto del odio y del resentimiento" (24). Las palabras altisonantes y agresivas parecían calcadas de aquellos editoriales de Patria o de los desmanes verbales proferidos por La Voz del Coloradismo.

El presidente interino de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, Luis María Argaña, fue echado del cargo sin vueltas ni contemplaciones. Argaña, líder de la facción tradicionalista-autónoma, se había vuelto virulento opositor a Rodríguez después de haber perdido su puesto de canciller. Opositor por despecho por segunda vez, la primera contra Stroessner luego de ser relevado de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Carlos Romero Pereira, a quien Rodríguez tildó de “desagradecido” y “mensajero” (de Argaña), no tenía puesto público para ser echado. Era senador y de allí no había forma de sacarlo. Pero su hermana, Lilia Romero Pereira, cónsul en Barcelona, fue despedida en represalia. Ella explicaría más adelante que Rodríguez le pidió su renuncia, a lo que ella no accedió por no encontrar razón valedera (25). Ni sumario siquiera se le hizo. Se desató una furiosa lucha de poder entre los principales de la burocracia. El embajador en Bolivia y protegido de Rodríguez, general Ramón Duarte Vera, tuvo que renunciar como medida de apaciguamiento ante la presión de la prensa y un sector del Congreso. Rodríguez quedó sin la posibilidad de ser reelecto o de inaugurar una dinastía y, por su reacción inconsecuente ante el texto claro y taxativo de la ley, desvirtuó su pretendida profesión de demócrata. Casi treinta años de general al lado de Stroessner no se le borrarían fácilmente. Contradictoriamente él navegaba en dos aguas, una su pasado y sus intereses, la otra su ambición de pasar a la historia como el presidente que trajo la democracia al Paraguay. Frente a la disyuntiva de no jurar la nueva Constitución y quedar en falta ante ella y la historia, o jurar y maniobrar después, Rodríguez decidió por lo último. Su mandato estaba en juego.

El ambiente se había vuelto poco propicio al compromiso, en particular entre los colorados enfrentados ahora por la carrera electoral con vistas a la Presidencia. La prensa, alentada por el clima de discusión política y libertad, se dio a destacar algunos de los vicios heredados del régimen depuesto, entre ellos el descuento compulsivo de un porcentaje del sueldo de los funcionarios públicos y el uso de conscriptos y personal al servicio de las Fuerzas Armadas para tareas particulares -construcción de residencias de coroneles y generales, por ejemplo. La privatización de las empresas públicas deficitarias quedó en mera promesa, generando ello las consiguientes acusaciones y condenas del empresariado y la oposición. Las denuncias sobre aquellos hechos no tuvieron otro efecto que unas tibias declaraciones en las altas esferas del gobierno, más ninguna acción correctiva. En lo práctico y respecto de derechos humanos, lo positivo de esta administración se limitó a unas pocas remociones de funcionarios policiales acusados de tortura, toda vez que los parlamentarios insistieron en que se castigara a los culpables. Hasta que a principios de setiembre de 1992 el coronel Luis González Rojas destapó la gran olla. Y esta sí que estaba podrida.

González Rojas había sido nombrado en mayo de aquel año comandante de la Cuarta División de Infantería con asiento en Joel Estigarribia, Chaco. Entre sus tareas prioritarias, se propuso frenar el contrabando dentro del territorio asignado a su comando. A tal efecto y bajo instrucción de su superior inmediato, el general Emilio Balbuena, ordenó hacer un sumario en el que quedaron registrados varios ilícitos. El más directamente comprometido resultó ser el general de brigada Lorenzo Carrillo, anterior comandante de la Cuarta División, pasado a retiro al tiempo de ser relevado. La cuestión no hubiera pasado a mayores si se aplicaba lo prescrito en el Código Penal Militar. En vez de eso el comandante del Ejército, general Humberto Garcete, destituyó e hizo arrestar al coronel González Rojas. Arrestado e incomunicado y bajo vigilancia a la vista. Acto seguido, Garcete trató de encubrir los hechos denunciados, contrabando de ganado y vehículos. La prensa se hizo eco del asunto transcribiendo partes relevantes del sumario, destacando el cobro de USD 6.000 por parte del personal aduanero-militar de Mariscal Estigarribia para dejar pasar cada vehículo con destino a Bolivia (26). El arresto provocó una oleada de protesta en la ciudadanía, harta por lo visto de la desidia de las autoridades ante las correrías de los robacoches tanto por la frontera como en las ciudades, en abierta complicidad con el estamento militar y policial. Esto era vastamente conocido pero nunca ningún militar en servicio había dicho mu sobre el asunto. González Rojas se animó y como era de esperar, de inmediato la mafia se le arrojó encima. Antes que aceptar mansamente el atropello a sus derechos, recurrió al patrocinio de los abogados Hermes Rafael Saguier, Felino Amarilla, Jorge Galli y Miguel González Rojas -este último, hermano suyo. Ellos radicaron una formal denuncia ante la justicia ordinaria por abigeato y contrabando de vehículos en base al sumario transcripto día a día por la prensa. Por su parte, tanto el general Garcete como el ministro de Defensa, general Ángel Souto Hernández, montaron un burdo escenario destinado á hundir al coronel, haciendo que el Tribunal de Justicia Militar lo procesara por supuesta difamación e injuria. González Rojas se negó a declarar ante aquella instancia hasta tanto la justicia ordinaria no se expidiera. Souto dio la tónica de lo que sería el proceso militar al afirmar que la denuncia de González Rojas estaba siendo aprovechada "para desprestigiar a las Fuerzas Armadas" y que "al tema se le está dando mucha más importancia de la que realmente tiene... posiblemente, algunos sectores interesados están actuando en este desprestigio" (27). Por su parte, Rodríguez secundó tales expresiones al declarar: "Yo no descarto la posibilidad de que el coronel González Rojas esté manejado por otros militares... mientras el coronel González se niegue a declarar tendrá que seguir arrestado. No sé cuantas veces la ley le puede permitir su negativa, pero si él continúa con esa postura, tendrá que ser declarado prisionero" (28). Estas expresiones reminiscentes de lo que tres décadas atrás fue fabricado para destruir al capitán Napoleón Ortigoza, convertido por la vesanía de Stroessner en el preso político más antiguo del continente, despertaron un hondo sentimiento popular de rechazo. El inconsciente colectivo pareció rememorar aquellos trágicos sucesos que acompañaron la consolidación del stronismo. Esta vez, sin embargo, las instituciones civiles al unísono demostraron inequívocamente no estar dispuestas a tolerar el mbareté. El repudio al procedimiento fue masivo. Las condiciones tanto en el mundo como internamente habían cambiado notoriamente. La Guerra Fría no servía ya como justificación de tamaña prepotencia. Por lo demás, la denuncia era clara: hubo delitos de acción penal pública y las pruebas estaban a la vista. Delegaciones parlamentarias y en especial de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se hicieron presentes en el lugar de detención para dar su apoyo a González Rojas y exigir que se respetaran sus derechos. El caso había desbordado del ámbito militar, dominado por la cúpula de los generales, a la esfera de la polémica pública. Las organizaciones de derechos humanos de otros países, entre ellas Americas Watch, enviaron telegramas al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial solicitando investigación y esclarecimiento de los hechos y el debido proceso al denunciante convertido en acusado y prisionero. Quedó patente que, contrario a las reiteradas promesas de Rodríguez, las denuncias no irían a seguir el curso dictado por la ley sino el arraigado cauce del matonismo. Al menos, era lo que estaba sucediendo con este militar. De no ser por la decisiva presión de la opinión pública a través de una prensa que estaba retomando su legítimo papel informador, lo hubieran mantenido incomunicado y amarrado sin fin a un juicio traído de los pelos.

La derivación directa de aquel litigio fue la creación de la Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos (CBII) conformada por senadores y diputados, por decisión del mismo Poder Legislativo y de acuerdo a lo preceptuado por la novel Constitución Nacional. Cuando todavía estaba en vigor la anterior Constitución, Rodríguez vetó una iniciativa parlamentaria para crear una comisión investigadora alegando colisión de funciones con el Poder Judicial. Esta vez los legisladores hicieron uso de sus facultades para crear la CBII sin necesidad de hacer promulgar ninguna ley por el Poder Ejecutivo.

La justicia ordinaria, luego del natural titubeo, intervino. No existía precedente de proceso a ningún coronel o general en servicio, por lo menos en el último medio siglo. Los jueces Ángel Barchini y Cristóbal Cáceres Frutos llamaron a informativa al denunciante, dentro de las tramitaciones iníciales del sumario. Entretanto, otros generales habían aparecido en la prensa implicados en contrabando de vehículos. El general Aladino Enciso, ex comandante de la Cuarta División de Infantería con asiento en Joel Estigarribia y al momento de aparecer su nombre en los periódicos, comandante de la Tercera División de Infantería en San Juan Bautista, había dejado pasar ocho transportes de ganado Scania y Volvo rumbo a Bolivia en diciembre de 1990, según autos del sumario realizado por el coronel Oscar Shulz, juez militar. Con promesa de soborno a los subordinados, Enciso realizó este negocio en forma rutinaria durante su estadía en aquel comando chaqueño. El general Emilio Balbuena, comandante del Tercer Cuerpo de Ejército con sede en Mariscal Estigarribia, en el centro del Chaco, también fue implicado, pero aquí hubo un desafortunado error como se verá más adelante. El coronel González Rojas hizo llegar los documentos labrados por el coronel Schulz a sus superiores dentro de la cadena de mando, el general Emilio Balbuena -quien le ordenó no dejar pasar ningún contrabando- y el general Humberto Garcete, en ese orden. Llegó incluso a entrevistarse con el general Garcete luego de perseguir hasta la frontera con Bolivia a uno de los contrabandistas, Juan de Dios Martínez, quien como carta de presentación mencionaba ante los oficiales el nombre del general Garcete para proseguir su operativo delictivo. Ante la sorpresa del coronel González Rojas, en la referida entrevista encontró a Juan de Dios Martínez al lado del general Garcete en su despacho de la Jefatura del Ejército. Visto lo infructuoso de su gestión - Garcete le ordenó devolver el dinero que había incautado a un teniente de destacamento sobornado y no hizo nada respecto de Martínez- intentó entrevistarse con el general Rodríguez para entregarle personalmente el resultado de las investigaciones. Garcete le cerró el paso, coaccionándolo con amenazas y recomendándole que volviera a su unidad "a esperar su ascenso a general" (29).

            Esas fueron las declaraciones de González Rojas ante los jueces Ángel Barchini y Cristóbal Cáceres Frutos, a las que agregó declaraciones ante el juez José Agustín Fernández. En la justicia militar, la detención se convirtió en prisión contra González Rojas. La jugada de los altos mandos se volvió contra ellos ante la determinación de aquél, a quien se sumó un camarada retirado, el coronel Victorino Amarilla. Este declaró ante la CBII que por el territorio del Chaco se realizaba tráfico de cocaína desde mucho tiempo atrás, tráfico que se prolongó más allá del golpe del 2/3 de febrero de 1989. Estando Amarilla destacado en Lagerenza pudo descubrir aquel ilícito, del cual informó a su superior, el general Ismael Otazú, comandante de la IV División de Infantería. El general Otazú debía informar a su vez al general Eduardo Sánchez, comandante del III Cuerpo de Ejército, lo que Amarilla no tenía conocimiento si llegó a cumplirse o no. Esto ocurrió durante la visita a la zona de personal de la DEA y la Dirección de Narcóticos (DINAR), la cual dio como resultado la posterior incautación de 343 kilos de cocaína y la destrucción de la pista de Parque-cué a poco del golpe de febrero de 1989. Citado para prestar declaración informativa ante la Justicia del Crimen, Amarilla así lo hizo, refiriendo el continuado ir y venir clandestino de aviones originarios de Santa Cruz de la Sierra con puntos de desembarque en los pequeños aeródromos de la parte norte del Chaco (30). Se abría otro frente contra la corrupción manejada desde las cómodas oficinas de los generales con jurisdicción sobre el extenso territorio del Chaco, prácticamente en su totalidad bajo control militar. De aquella relativamente sencilla denuncia de abigeato y contrabando de vehículos se arribaba a la cuestión central, la droga que en gran cantidad bajaba de Bolivia y desde ahí era transportada a terceros países mediante la complicidad de autoridades claves del alto mando. De no haber abierto González Rojas la vía ordinaria, por este medio tener acceso a la opinión pública y de contraparte recibir el apoyo de la civilidad, la mafia enquistada en el Ejército hubiera hecho rodar su cabeza sin miramientos. Por todos los medios trataron de que callara lo que sabía, primero, de que no hiciera ninguna denuncia, después, y más tarde de que se retractara con la amenaza de prisión por conspirador. Así venía la mano. Al momento de hacerlo detener, Garcete lo acusó de conspirar contra el general Rodríguez en connivencia con los generales Lino Oviedo, comandante del I Cuerpo de Ejército, y Eumelio Bernal, jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. González se defendió de esa infamia respondiendo que nunca había hablado sobre política con los citados generales y mucho menos sobre una conspiración. Realmente la cosa se iba complicando, pues saltaba al tapete esta cuestión de conspiración singularmente temida entre los militares. Rodríguez, por supuesto, estaba al tanto de lo ocurrido. Se había discutido extensamente sobre el tema en reunión del Comando en Jefe, mediados de agosto de 1992 (31). Subsiguientemente, Rodríguez apoyó a su compadre Garcete.

Ante el cúmulo de evidencias salidas a luz y las arrimadas al proceso, el juez Ángel Barchini ordenó la detención del ex general Lorenzo Carrillo. Pocos días después, la de Emilio Balbuena, el primer general en servicio activo en ser objeto de tal medida preventiva. Balbuena se encontraba de gira por Taiwán en aquel momento. Del arma de Artillería y relegado a puestos meramente administrativos durante el stronato, ascendió a general de brigada a mediados de 1989, después de haber apoyado el golpe. Estudioso y austero, Balbuena se destacó por su profesionalismo y recibió por tal motivo responsabilidades cada vez mayores dentro de las Fuerzas Armadas, hasta ocupar la comandancia del III Cuerpo de Ejército solo meses antes de que se destapara el affaire contrabando. De todos los generales pos-golpe, él ha sido el más limpio como administrador: habita una casa fuera de toda ostentación en un barrio de clase media de Asunción legada por sus padres y reformada por él mismo mediante un crédito que obtuvo de la Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa. Un hermano suyo estuvo en el exilio mucho tiempo y ninguno de sus otros hermanos o allegados tuvo ningún contrato, concesión o prebenda gubernamental o partidaria. Balbuena es un dedicado profesional que además se tomó el esfuerzo de hacer los seis años de abogacía y está próximo a graduarse. Es una persona que no ha metido la mano en ningún negociado, no tiene estancia ni comercio ni acciones en empresas. Con ver su declaración de bienes y la de su esposa se sabrá que él no es miembro de la mafia. El juez Barchini se equivocó: debió haber decretado la detención de los generales Humberto Garcete, Galo Escobar, Otello Carpinelli y otros cómplices de gravísimos ilícitos cuando estuvieron de comandantes en el Chaco, y la de Alfredo Stroessner, quien fue jefe de aquella gavilla criminal que manchó el uniforme militar. Tanto González Rojas como Balbuena, desde distintas posiciones, fueron objeto de las represalias de mafiosos profesionales.

Por su parte, el juez Cristóbal Cáceres Frutos abrió sumario contra los generales Humberto Garcete, Emilio Balbuena y Lorenzo Carrillo por los delitos de tráfico de vehículos, abigeato, soborno y asociación ilícita para delinquir. Fueron procesados también Juan de Dios Martínez, el delincuente que había huido de González Rojas y apareció posteriormente en el mismísimo despacho del general Garcete, un funcionario de aduanas y varios otros militares y civiles implicados (32). Era el 2 de octubre de 1992, unos días después que el presidente Collor fuera suspendido de su cargo por votación de la Cámara de Diputados de Brasil. Monseñor Ismael Rolón, desde su oasis en Ypacaraí, alentó a otros testigos a destapar más ollas y denunció a los que se habían comprometido a erradicar la corrupción (desde el gobierno y la oposición) pero terminaron no haciendo nada, famoso opa-reí. La cosa parecía tomar otro rumbo esta vez merced a las marchas contra la impunidad y la corrupción. Unas 5.000 personas se reunieron en Asunción en manifestación para solicitar la libertad de González Rojas y la cárcel para los corruptos, como rezaba un gran cartelón. Otras manifestaciones tuvieron lugar en Encarnación, Ciudad del Este y Villarrica. El trabajo de la Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos (CBII), los medios embarcados en una feroz competencia por descubrir el más jugoso ilícito una vez declarada abierta la estación de caza contra los mafiosos, y sobre todo la carrera entre los competidores por la silla presidencial, dieron empuje a este brioso destape. Como si un gran tumor estallara, el montón de porquería que se derramó fue realmente impresionante.

En sucesivas entregas de radio, prensa escrita y TV se dieron a conocer el atentado de un lunes de madrugada a la casa del abogado Hermes Rafael Saguier, modalidad de terrorismo paramilitar que se creía había terminado con la caída de Stroessner pero que evidentemente continuó gozando de buena salud en la transición; la difusión de la grabación de lo conversado por teléfono entre el general Garcete y Zuni Castiñeira, modelo con un largo rosario de escándalos de diverso tipo, sobre el contrato de sicarios para atentar contra Saguier, la advertencia de éste "si Garcete se hace el malo terminará preso en Miami" que aludía a un voluminoso dossier del comandante del Ejército, parte del mismo en conexión con tráfico de drogas.

El general Eumelio Bernal, por otro lado, declaró ante la justicia que se había realizado efectivamente aquella reunión mencionada por el coronel González Rojas de fecha 18 de agosto de 1992, negada por Garcete, de la que participaron ellos tres más el general Balbuena, el jefe de la Casa Militar de la Presidencia general Regis Romero, y Juan de Dios Martínez. La discusión en dicho encuentro giró en torno al contrabando y las comisiones (coimas, en paraguayo) que repartía Martínez entre diversas unidades militares por pasar los vehículos robados a Bolivia. Fueron unos 300 vehículos los exportados fuera de control durante el tiempo que Garcete se hallaba como comando en el Chaco, según propia afirmación de Martínez. El general Bernal se sintió agraviado por esa comprobación que salpicaba a su camarada y se retiró de la reunión. La campaña de la mafia no había terminado con el ametrallamiento a la casa de Saguier. Bernal recibió un anónimo que le recomendaba silencio para no perjudicar a “los caidos” y lo amenazaba con exponerlo públicamente. Su contestación dada a conocer a través de la prensa fue que "hay sectores interesados en que las investigaciones sobre casos de corrupción no prosperen" y "pese a las amenazas, seguiré diciendo la verdad" (33). El general Bernal había sido relevado de su puesto de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas con el ofrecimiento de Rodríguez de ocupar el cargo de ministro de Defensa en reemplazo de Souto. Una vigorosa lucha de poder entre aparatos en el estamento político-militar pospuso tal rotación.

Las revelaciones sobre corrupción se convirtieron en una inmensa bola de barro que, a su paso, embistió las murallas de la élite en el poder e hizo tambalear a quienes eran hasta poco antes “vacas sagradas”. Al tema contrabando se agregó el de fraude y extorsión policial. El general Francisco Sánchez, uno de los que participó en el golpe contra Stroessner y desde el 3 de febrero de 1989 se hizo cargo de la Jefatura de la Policía de la Capital en reemplazo del general Alcibíades Brítez Borges, venía siendo objeto de constantes denuncias que en su mayoría quedaron sin esclarecer. Varios altos cargos policiales, al igual que durante la dictadura, se complicaron en o encubrieron menesteres totalmente contrarios a la función de seguridad y orden público como robo y tráfico de vehículos, chantaje y hasta asesinato. Debido a la indisciplina en los cuadros policiales, los jueces que verdaderamente tomaron en serio su papel de impartir justicia se vieron enfrentados a trabas y dilaciones para investigar aquellos ilícitos. El Cuartel Central de la Policía constituía una ciudadela prácticamente impenetrable al control jurídico, desde donde los hilos de la arbitrariedad seguían moviéndose en perjuicio de los ciudadanos. Pero con la aumentada facultad fiscalizadora por parte del Poder Legislativo a través de la CBII, -la reafirmación de la prensa en no censurar información sensible y la disminución del poder militar en la esfera política, salieron a relucir los trapos sucios del general Sánchez.

La prensa publicó una serie de notas sobre malversación de fondos durante la administración del general Sánchez. “Polifantasmas” -comisarios, subcomisarios, oficiales y suboficiales que en realidad no existían- cobraban religiosamente sus sueldos por un total de 183 millones de guaraníes al mes, según las revelaciones preliminares. Esta irregularidad venía repitiéndose por lo menos desde diciembre de 1989, dando como resultado una malversación que sobrepasaba hasta mediados de 1992 la cantidad de 5.000 millones de guaraníes. El contralor general de la República, Rubén Darío Guillén, confirmó el fraude luego de hacer las averiguaciones del caso. Unos 550 policías aparecían en las planillas de sueldos, los que no correspondían a personal en servicio. Eran nombres fabricados bajo los cuales se evadía dinero, mes a mes, cuyo destino no se sabía. Otros desvíos de fondos se verificaron en la compra de equipos de cedulación, en el aprovisionamiento y distribución de víveres -también aquí se descubrieron fantasmas- en la venta de carne a firmas particulares en vez de la entrega al personal policial, en sobrefacturación por compra de uniformes, propiedades, etc. (84). A partir de la intervención de la Contraloría General, el Tribunal de Cuentas 2º Sala -específicamente encargado de procesar ilícitos en el ámbito de las instituciones públicas-procedió a realizar una exhaustiva investigación en torno a las cuentas fraguadas de la Policía de la Capital. Se había destapado otra olla y la CBII pidió que se removiera del cargo a Sánchez. En vez de derivar las correspondientes denuncias a la Fiscalía General, de acuerdo a derecho, el presidente Rodríguez no tuvo mejor idea que trasladar al cuestionado general de la Jefatura de Policía a la Jefatura del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. O sea, Sánchez recibió una promoción.

Es más, el empresario Enrique Nogués denunció que fue detenido y obligado a emitir cheques a nombre de la Policía de la Capital, en un oscuro asunto de extorsión inmediatamente posterior al golpe de 1989. Nogués era uno de los administradores de empresas de juegos de azar (bingo) en la capital, asociado efectivamente con Gustavo Stroessner. Durante la dictadura estas empresas gozaron de exención de impuestos, ilegalmente, por virtud de los privilegios especiales que rodearon las gestiones financieras del primogénito. Nogués denunció que firmó cheques por un valor superior a los 100 millones de guaraníes, los que fueron a parar a cuentas bancarias del general Sánchez. Este replicó que en realidad Nogués hizo “una contribución voluntaria” a la Policía como compensación por los impuestos impagos. No supo explicar, sin embargo, como es que los cheques fueron a parar a su cuenta personal. Los recibos de transacción bancaria con la firma del general Sánchez fueron exhibidos en la CBII. Sánchez tampoco pudo aclarar donde fue a parar la donación realizada por el general Brítez Borges a la Policía de la Capital, 1.000 millones de guaraníes en efectivo y pagarés más una estancia de 10.000 hectáreas. Esa donación la recibió Sánchez como parte de un “arreglo amistoso” con el anterior jefe de Policía, lo que permitió a Brítez Borges salir sin culpa de un proceso judicial por enriquecimiento ilícito y malversación de fondos durante su malhadada gestión.

Una estimación gruesa del desvío de fondos por medio de los “polifantasmas”, sobrefacturación en la compra de una propiedad que pertenecía a Carlos Brítez Borges, hijo del ex jefe de Policía, donación del general Brítez Borges en dinero y propiedad rural, exacción al empresario Enrique Nogués, sobrefacturación por compra de equipos de computación, cedulación y fraude en provisión y distribución de víveres rondaba los USD 25 millones en los tres años y 8 meses que duró la administración del general Sánchez (35). Cuánto de esta cantidad fue embolsada directamente por él no ha sido precisada a la fecha, pero es evidente que no quedó con las migajas. A raíz de los múltiples negocios turbios denunciados por la prensa y la CBII, Sánchez se vio obligado a pedir permiso de su puesto de jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas a los doce días de haber asumido.

Paralelamente y como si todo esto no fuese suficiente para interrumpir la resaca de los poderosos, saltó a primera plana otro caso, el de los pinchazos o interferencia telefónica. Lo inició aquella conversación entre el general Humberto Garcete y la modelo Zuni Castiñeira, cuya grabación permitió conocer los entretelones del ataque terrorista que llenó de balas el frente de la casa de Hermes Rafael Saguier. La amorosa conversación fue difundida por la prensa y la autenticidad de las voces comprobada por medios técnicos independientes, hecho que determinó la defenestración de Garcete de su puesto de comandante del Ejército. Esta tuvo las formalidades de un pedido de permiso del alto jefe militar, quien previamente había sido acusado como cómplice de la red dedicada al contrabando de vehículos y abigeato en el Chaco. Otras grabaciones telefónicas fueron dadas a conocer durante octubre de 1992. En ellas quedaron registradas maniobras políticas de la fórmula oficialista colorada liderada por Juan Carlos Wasmosy, a más de detalles indiscretos hablados por autoridades ministeriales y de empresas estatales. Rodríguez dijo que hasta los teléfonos de su despacho y residencia estaban interferidos, lo que se comprobó cuando el presidente del Senado Gustavo Díaz de Vivar entregó a la Fiscalía General del Estado la reproducción de conversaciones entre familiares de Rodríguez y políticos oficialistas.

Una comisión integrada por el magistrado Cristóbal Cáceres Frutos, los legisladores Carlos Romero Pereira y Francisco José de Vargas, fiscal y secretarias del Crimen se hizo presente en las oficinas de la ANTELCO para verificar la existencia de equipos de grabación de llamadas. En el 5° piso de la Central II de ANTELCO se sabía que funcionaba un departamento completo de escucha telefónica, instalado y perfeccionado durante la dictadura. La visita judicial-parlamentaria fue inesperada. Los responsables del espionaje tuvieron apenas el tiempo justo para desconectar los aparatos antes de permitir el ingreso de la delegación. En aquel 5° piso se encontró un bien montado laboratorio electrónico desde el cual las conversaciones telefónicas eran “pinchadas” y grabadas. El coronel Guillermo Godoy, presidente del Consejo de ANTELCO, explicó que no se hacían “pinchaduras” desde el advenimiento del nuevo gobierno. En cuanto a los equipos encontrados, dijo que eran "contestadores telefónicos comunes y silvestres" y que cuando él se hizo cargo de la presidencia del ente, una auditoría de la administración previa no encontró absolutamente ninguna irregularidad. "Todo estaba normal", agregó. (36)

El centro del espionaje de las comunicaciones telefónicas se disimulaba bajo la inocente categoría de Inspección General. Al frente de ella por 15 años estuvo el capitán Luis Demetrio Gauto, quien respondía exclusivamente al general Stroessner y a su primogénito Gustavo. También el coronel Guillermo Godoy hizo su pasantía por dicho departamento. Una serie de abultadas sobrefacturaciones acompañó el equipamiento dé ANTELCO con las empresas alemanas Siemens, Standard Electrik Lorenz y Alcatel. Tratándose de espionaje, Stroessner era dadivoso y como las sobrefacturaciones eran política de estado, nunca hubo una auditoría seria en aquella institución. Bajo el gobierno Rodríguez tanto la dirección militar de la empresa como las sobrefacturaciones en contratos directos y el trabajo sucio de Inspección General continuaron. Aparte del cambio de autoridades, las prácticas ilegales fueron las mismas. Las conversaciones siguieron grabándose alegremente y cabría preguntar, ¿para uso de quién?

Lo obvio es que Godoy mintió de cabo a rabo a los parlamentarios y al juez cuando dijo que allí no se hacía espionaje. Desconfiados, éstos continuaron investigando. La información que poseían les guió hasta la casa paterna de un contratista de equipos de ANTELCO. Allí encontraron cantidad de material grabado, casi una tonelada de cintas, casettes y la parafernalia de espionaje electrónico sacado subrepticiamente del 5º piso de la Central II. El juez Cáceres Frutos procedió al secuestro de dicho material y el presionado Godoy tuvo que retractarse a medias a través de un comunicado. En él se admitía que ANTELCO contaba con equipos aptos para escucha y grabación de llamadas telefónicas, pero que se había "comprobado judicialmente" su desactivación. Contradictoriamente, afirmaba que "solamente por mandato judicial pueden ser interceptadas o controladas las comunicaciones privadas, y para cumplir con dicho precepto constitucional es evidente que la administración del estado debe contar con medios que le permitan efectivizarlo". A modo de deslindar responsabilidades, concluía: "Desde luego que toda esta tarea nada tiene que ver con la utilización ilegal que en otras épocas se realizaba con equipos actualmente desactivados" (37). Se alzaron voces en el seno de la Cámara de Diputados y el Senado recomendando la remoción de Godoy. El parlamentario De Vargas no creyó una jota de lo referido por el comunicado y lo refutó tajante. Insistió que Inspección General, bajo dirección de un tal coronel Abilio Giménez, seguía realizando control de llamadas con el plantel de funcionarios cumpliendo su rutina de 24 horas de espionaje al día (38) . Al parecer Godoy no tenía control sobre dicho trabajo o era tan imbécil que no comprendía lo grave de tal transgresión a la Constitución. Finalmente, presentó su renuncia.

El juez Cáceres Frutos hizo desgrabar el material incautado. Los resultados fueron sorprendentes: el sistema instalado por ANTELCO poseía capacidad para interferir 96 teléfonos en forma simultánea, lo que de acuerdo a cálculos matemáticos, permitía espiar 46.000 llamadas de tres minutos por día. Las grabaciones eran realizadas automáticamente al levantarse el teléfono del número interferido para realizar una comunicación cualquiera. La sofisticación era extraordinaria pues el mecanismo estaba programado para interceptar llamadas telefónicas de determinados números telefónicos que eran grabados, y a elección del operador podía escucharse la comunicación de cualquiera de los demás teléfonos conectados por ANTELCO. Las grabaciones se registraban en forma codificada, lo que no permitía escuchar las cintas sino teniendo acceso a dicho código. Había cinco consolas que eran operadas ininterrumpidamente 24 horas al día, 7 días a la semana. Dos altos funcionarios que administraron ANTELCO durante la dictadura fueron procesados, los coroneles Miguel Cirilo Guanes y Francisco Feliciano Duarte, así como el capitán Luis Demetrio Cauto, apodado “zar de los pinchazos” (39). Los informes allegados al Juzgado y a la CBII hablaban de que el dictador Stroessner y su hijo Gustavo recibían dichas grabaciones directamente de Gauto. Copias de las mismas indicaban que los Stroessner se enteraban de conversaciones de negocios, política, relaciones íntimas y confidencias de todo tipo con gran asiduidad. Con el alcance de los modernísimos equipos prácticamente se cubría el espectro de comunicaciones en todo Paraguay. El espionaje era a nivel nacional. Ante el vasto conocimiento que permitía la interferencia telefónica centralizada y masiva, no resulta sorprendente que la dictadura haya durado tanto tiempo. Del sistema rudimentario de clavijas utilizado en las décadas del 50 y 60 se progresó al sistema electrónico y codificado, con equipos adquiridos de Alemania, en los 80. Verdaderamente esta era una sociedad controlada desde dentro. Lo más significativo es que el sistema no fue desactivado después de la caída de Stroessner.

Entre los altos cargos militares los negociados han sido grandiosos, los que nunca antes de este destape pudieron comprobarse documentada y fehacientemente. Los principales culpables del asalto inicuo al pueblo continúan libres, algunos de ellos gozando de vacaciones pagas en el exterior y otros todavía horadando los bolsillos del contribuyente como autoridades. El Ministerio de Hacienda no ha obtenido de los Stroessner un sucio centavo, y no lo ha hecho más que nada porque la justicia ha sido extremadamente permisiva. Como en toda otra institución, en el Poder Judicial los probos tuvieron que librar una lucha a brazo partido contra todo tipo de trampas, amenazas y presiones. Los jueces y fiscales capaces, conocidos en un medio tan pequeño, estuvieron por mucho tiempo en desventaja frente a las acechanzas del medio. La diferencia es que últimamente la balanza parece estar inclinándose a favor de ellos.

Esto es de crucial importancia porque donde no existe una magistratura independiente, competente y firme, no hay garantía alguna para nadie. La honestidad de la administración de justicia es prerrequisito tanto para la limpieza del estado como para la tranquilidad de la ciudadanía. La mejor ley puede ser vuelta al revés por corruptos si son éstos los encargados de aplicarla. Contrariamente, los magistrados rectos pueden hacer justicia incluso con leyes pésimas. Pero no todo depende de ellos, sino de cuanto hagan los abogados para auxiliarlos adecuadamente. Un ejemplo es ilustrativo de la situación en esta encrucijada.

Alfredo Stroessner, el general-presidente, Jacques Soustelle, el académico comerciante francés, Delfín Ugarte Centurión, ministro de industria, y Ramón Centurión Núñez, presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), estafaron al estado paraguayo la bonita suma de USD 100 millones por sobrefacturaciones y comisiones ilegales en la ampliación de una planta de cemento construida por Vallemí mediante un crédito de un consorcio de bancos franceses. Ugarte Centurión y Centurión Núñez fueron a parar a la cárcel luego de la caída de su benefactor y jefe, acusados por el estado paraguayo de estafa y enriquecimiento ilícito. Por la querella actuó el abogado Alejandro Encina Marín, profesor de la Universidad Nacional y la Universidad Católica, versado penalista. Los documentos, incluyendo extractos de cuenta y registros de una sociedad fantasma (LABCO) cuya única función era recibir las comisiones fraudulentas, constituían prueba contundente en contra de los acusados. Luego de tres años de litigio, Ugarte Centurión y Centurión Núñez fueron sentenciados a cinco años de penitenciaría y al pago de USD 5 millones cada uno, en vez de la pena máxima prevista (10 años) y la recuperación de los USD 100 millones.

¿Qué había pasado? La misma querella solicitó la sanción más benévola porque "no interesa hacer sufrir a nadie... sino rehabilitación para quienes delinquieron y deberían ser devueltos a la sociedad en condiciones de utilización no peligrosa de sus aptitudes" (40). Ugarte Centurión fue beneficiado con un permiso especial por “problemas de salud” y salió en libertad luego de pagar USD 5 millones al Tesoro, sin haber purgado siquiera los restantes 2 años de la sentencia. El abogado Encina Marín argumentó que fueron sus mandantes, específicamente el ministro de Industria Ubaldo Scavone, quien le ordenó que no pidiera más de 6 años de pena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos contra los encausados. Entretanto el gobierno de Paraguay había reconocido y estaba pagando la deuda a los bancos franceses (aproximadamente USD 200 millones con intereses). Esto solamente por el negociado de la INC y sin que entrara en el proceso Alfredo Stroessner. El representante de la querella hizo las diligencias dentro de las limitaciones que significaba trabajar en medio de fuertes intereses cruzados, tanto que logró esclarecer los delitos y obtener la condena que, por ser en exceso benigna frente a la enormidad de lo robado, achacó a sus mandantes (41). Más adelante Encina Marín se pegó el lujo de presentarse a la Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos para denunciar a la presidencia de la República como la responsable de haber impartido las órdenes "que desviaron el rumbo del proceso". Dijo además: "en todo momento estuve contra la negociación que el Consejo de Ministros había hecho con los procesados y que consistía en el pago de USD 5 millones contra una rebaja a 4 años de condena" (42) Los parlamentarios se sintieron profundamente indignados contra Rodríguez y sus ministros que habían “negociado” sin ninguna consideración hacia los altos intereses de la nación, convencidos de que el versado penalista les estaba diciendo la verdad.

Era pura mentira. Federico Zayas, presidente saliente de la INC, presentó una serie de comprobantes acerca de la duplicidad de Encina Marín. En fecha 21 de setiembre de 1991 éste ya había presentado al Juzgado interviniente un escrito por el que desistía de toda acción y derecho contra Ugarte Centurión y le liberaba del pago de cualquier honorario. Es que previamente había recibido del enriquecido ex ministro la friolera de USD 1 millón en dos entregas de USD 500.000, mediante sendos cheques que el aprovechado abogado cobró inmediatamente, es decir en setiembre de aquel mismo año. Posterior a ese cobro que el beneficiario explicó como “honorarios” -cualquier estudiante de abogacía sabe que no se cobra honorarios a la contraparte antes de la terminación del juicio- presentó su conclusión al Juzgado con el pedido de la pena mínima para los encausados. Lo que recibió Encina Marín fue una comisión (coima) para que la contraparte pudiera salir lo más rápidamente de la cárcel. Pero no contento con esa coima, reclamó honorarios al estado por la suma de USD 250.000, "además de lo que me debe todavía Centurión Núñez". Nada de guaraníes, la cotización siempre era en moneda americana. Para colmo, desafió a la CBII con la agresividad propia de quien es pillado en falta: "quiero enfrentarme cara a cara con todos ellos", declaró. Uno de los miembros de dicha Comisión lo había acusado de mentiroso (43). Encina era mucho más que eso pero tenía USD 1 millón en el bolsillo. Como los truculentos con quienes había aprendido mañas corruptas cuando fue funcionario público, largó el cuento de que la militancia stronista trataba de “desacreditarlo”.

Resultado, los USD 100 millones embolsados por Stroessner y esbirros se mantuvieron en las cuentas de EE.UU. y Suiza donde estaban reportando a sus titulares abultados intereses, Paraguay tuvo que cargar con la deuda de USD 200 millones de la INC, y Encina Marín ligó el restito que le extendió Ugarte Centurión para salir en libertad extemporáneamente. Conste que este fue uno de los pocos juicios llevados hasta el final contra los saqueadores del país. Cuando se dieron las condiciones para recuperar lo robado por lo menos de dos de ellos, el “pacto de caballeros” descrito abortó su concreción.

Con estas situaciones tuvo que lidiar la campaña contra la corrupción. Pese a todo, ella fue adelante. Hicieron una extraordinaria labor el presidente de la CBII, Waldino Ramón Lovera, colorado-MOPOCO, Francisco José de Vargas, liberal, y Carlos Romero Pereira, colorado-Autónomo. Estos parlamentarios pusieron notable energía en echar a andar la CBII y en desnudar ilícitos. Ello incidió para que fueran relevados de sus puestos los generales de división Humberto Garcete y Francisco Sánchez. El general Emilio Balbuena fue detenido. En una decisión estrictamente ajustada a derecho, el juez Félix Silva Monges posteriormente decretó la detención de Humberto Garcete y Lorenzo Carrillo y levantó la detención de Emilio Balbuena. El juez Silva Monges intervino en el caso ante recusación planteada por el general Garcete contra el juez Barchini. El general Eumelio Bernal fue nombrado ministro de Defensa Nacional, lo que se interpretó como el afianzamiento de posición del general Lino Oviedo, comandante del I Cuerpo de Ejército. En cuanto al coronel González Rojas, su libertad tras mes y medio de arresto coincidió con la aumentada presión ciudadana sobre el gobierno para que se removiera a los corruptos: En el tira y afloje previo, hubo cuestionamientos a la fortuna acumulada por Rodríguez y los generales más allegados a él. La prensa estimó la fortuna personal de Rodríguez en USD 1.400 millones, versión que éste refutó. "Aquí sabemos quiénes son los magnates, aquí sabemos y no hay más que cuatro o cinco personas que han amasado y siguen amasando fortuna... inclusive ustedes (refiriéndose a los periodistas) son funcionarios de ellos", dijo (44) . El alegato de que todos sus bienes los consiguió trabajando no fue discutido, pero qué tipo de trabajo hizo aparte del militar es lo que no quedó aclarado.

La prensa anticipó que Garcete, Balbuena y Bernal pasarían a retiro. Diversos otros sectores expresaron que el relevo definitivo de los más antiguos generales beneficiaría al país. Monseñor Mario Melanio Medina, obispo de Benjamín Aceval, sintetizó el pensamiento generalizado: "la corrupción es un cáncer muy terrible que corroe a la misma sociedad y que si no luchamos para erradicar... inútilmente vamos a hablar de una sociedad democrática y participativa, inútilmente vamos a hablar de una sociedad más justa y fraterna... que no quepa la menor duda de que la lucha contra la corrupción es la que va a fortalecer y consolidar nuestra transición a la democracia" (45). Con el proceso a los generales, a la vez proceso contra la corrupción, la transición a la democracia puede decirse que ha comenzado realmente en Paraguay.

Pese a la pérdida de poder de Rodríguez, los principales actores políticos parecen preferir que termine su mandato en agosto de 1993 antes que buscar su alejamiento en esta coyuntura tan difícil y fluida. Después de haberse ganado la estima y consideración del pueblo por haber depuesto al dictador y su corte sangrienta, el presidente en quien se puso gran esperanza no pudo sostener el ritmo de las reformas que venía impulsando. En cierto modo, quedó atrapado por las fuerzas del pasado dentro de su propio círculo de sostenedores. El tiempo que le resta de mandato es breve: deberá demostrar mucho coraje y decisión, anteponiendo los intereses nacionales a  los de su estrecho grupo, para que la nave del estado llegue a buen puerto.

 

NOTAS

(1) "La paz stronista es la corrupción de la que se vanaglorian los generales", El Pueblo, 26 de agosto de 1987, pp. 10-11. Presentación de Hermes Rafael Saguier en el coloquio sobre derechos humanos realizado en el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia, agosto 1987, cuando arreciaba la represión militante-stronista sobre la población, las iglesias cristianas eran difamadas y varios medios de prensa permanecían clausurados “por orden superior”. A raíz de esas palabras, Saguier fue acusado de transgredir la anti-Ley de Defensa de la Democracia por el fiscal general del Estado Clotildo Jiménez Benítez, procesado y encerrado en prisión por cinco meses.

(2) Ver detalles en Aníbal Miranda, Prisionero en Paraguay (1989), donde se transcriben además algunos de los negociados, violación de menores y asesinatos de los que Alfredo Stroessner fue directamente responsable. Cabe señalar que Stroessner se había operado de la próstata unos meses antes de caer, le sobrevino una infección generalizada de cuya secuela nunca se repuso y quedó disminuido mentalmente. La operación se realizó en el Instituto de Previsión Social (IPS) entonces bajo dirección del general Hugo Dejesús Araújo, bandido de la cofradía mafiosa que lucraba hasta con jeringas desechables y alimentos de los pacientes (se hizo incluso de chancherío propio en los predios del hospital, barrio Santo Domingo de Asunción). Desde su creación IPS se solventa con fondos extraídos compulsivamente de los salarios de los trabajadores asegurados (en los papeles también figuran los empleadores y el estado como aportantes), pero el servicio que presta es temerariamente malsano. No en balde una docena de funerarias bordean el local central y los agentes de sepelio acosan a los familiares de pacientes ofreciendo buenos precios... en pleno recinto hospitalario. Allá el que se interna tiene un alto porcentaje de terminar como cliente de una de dichas funerarias. Stroessner, temeroso como siempre de algún atentado, insistió en hacerse operar en IPS bajo las más estrictas medidas de seguridad. Araújo no tuvo el cuidado de higienizar adecuadamente el sucio hospital y su exigente paciente se le llenó de virus -proveniente en parte del chancherío cercano. De modo que al ladino dictador uno de sus generales le facilitó el desmoronamiento físico y otro le entregó un boleto de viaje sin retorno a Brasil. Se mereció este final el discípulo criollo de Hitler.

(3) Opá-rei, en guaraní, terminar en balde. En la Coordinadora del No a la Corrupción, No a la Impunidad y No al Opa-reí están coaligados partidos y movimientos políticos y sociales, federaciones y centros sindicales, organizaciones campesinas, laicas, de mujeres, de maestros y estudiantes, asociaciones de profesionales liberales, artistas, indígenas, los sin techo, los sin tierra, barriales y de derechos humanos que hacen el más vasto espectro de intereses e ideologías del Paraguay contemporáneo. El centro de actividades es la capital pero tiene ramificaciones en varias ciudades como Encarnación, Villarrica, Ciudad del Este y Coronel Oviedo. Ante denuncias de la prensa y seguimiento en el Congreso Nacional, los casos de corrupción y abuso de autoridad recientes han sido resueltos a favor de las demandas populares. Así, el 29 de octubre de 1992 el delegado de gobierno de Caaguazú, Julio A. Gutiérrez, fue despedido a solo días del bloqueo de la ruta Asunción-Ciudad del Este por parte de la población de Coronel Oviedo y ciudades vecinas que exigieron su remoción por corrupto.

(4) José Luis Simón, La dictadura de Stroessner y los derechos humanos (1990). Guido Rodríguez Alcalá, Testimonio de la represión política en el Paraguay, 1975-1989 (1990). José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro et al., El precio de la paz (1991). Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó, comp., Dictadura, corrupción y transición (1990). Fátima Myriam Yore, La dominación stronista. Orígenes y consolidación (1992).

(5) David Helfeld y WilliamWipfler, Mbareté. La ley superior del Paraguay (1982). Rogelio García Lupo, Paraguay de Stroessner (1989). Paul H. Lewis, Paraguay under Stroessner (1980).

(6) Un caso comentado cuando la presidencia de Eligio Ayala, el gobernante más austero de la II República, sucedió con el director de la Aduana. Este envió al presidente unas botellas de vino que le llegaron de Europa como obsequio, sin los correspondientes sellos impositivos. El presidente hizo comparecer al director a su despacho y le preguntó qué significaba aquella evasión de los controles aduaneros, a lo que el confundido funcionario trató de explicar que como estaba dirigido al presidente... Ayala brincó de su sillón, propinó un tremendo golpe al director y lo hizo salir a patadas por la ventana con la advertencia de que nunca más pisara la Aduana. Lo despidió sin más. Ese era Ayala.

(7) El total de USD 3.500 millones amasado por Alfredo Stroessner incluye las rentas de su hijo Gustavo por contrabando, especulación y cobro de peaje por cargamentos de droga. La suma se desdobla en USD 1.000 millones por sobrefacturaciones locales y exacciones a través de los ministerios de Hacienda, Obras Públicas, Defensa, Interior y sus dependencias, USD 1.200 millones por sobrefacturaciones y contratos fraudulentos en Itaipú y Yacyretá, y USD 1.300 millones por tráfico de estupefacientes y armas, evasión de divisas y “contribuciones” de negocios ilegales. Archivo del autor. Información adicional, entre otros, en los siguientes artículos: "De 1982 a 1988 salieron más de USD 2.000 millones", Abc Color, 6 de agosto de 1989, suplemento económico, p. 5, entrevista a Guillermo Peroni, "Los inmuebles de Gramont Berres", Abc Color, 25 de marzo de 1990, p. 15, Tomás Palau, Félix Lugo y Gloria Estragó, comp., Dictadura, corrupción y transición (1990), sobre los negocios de Gustavo Stroessner, y los que obran en el expediente Gustavo Stroessner y otros s/enriquecimiento ilícito en Juzgado de lº Instancia en lo Criminal, José Agustín Fernández, Secretaría Vasconsellos, Asunción.

(8) Sobre narcotráfico y otras actividades del primogénito y su cortejo, ver "Senate probers told of drug deal cover-up by Paraguayan leaders", The Miami News, November 15, 1988, p. 10A, "Fugitive in Miami cocaine case is son of Paraguayan dictator's pal", The Miami News, November 4, 1988, p. 4A, "Victim of coke plane crash linked to Paraguayan chief, The Miami News, December 6, 1988, p. IA, "Paraguayan leader's son was targeted by DEA", The Miami News, October 29, 1988, p. 1A, "El plan de la DEA", La Opinión (Asunción), 13 de octubre de 1989, pp. 25-26. "Vuelve a moverse el proceso por tráfico de cocaína", Noticias, 11 de abril de 1989, p. 28, "Otros datos reveladores de las andanzas de Erich Bunte", La Opinión, 14 de abril de 1989, p. 3. Delgado von Leppel ocupó la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia luego de que Stroessner despidiera del puesto a Luis María Argaña a fines del año 1987, como parte de la purga militante-stronista y preparación para la candidatura presidencial de Gustavo Stroessner. Actualmente Argaña y Delgado Von Leppel son integrantes de la fórmula colorada anti-Rodríguez liderada por el primero. La política es reacomodo constante en Paraguay.

(9) La facción militante-stronista del Partido Colorado tenía como líder supremo al decrépito Stroessner y como cabeza visible a su ministro del Interior Sabino A. Montanaro. Los otros miembros de la cúpula eran Mario Abdo Benítez, secretario privado de Stroessner, el ministro de Justicia y jefe del Grupo de Acción Anticomunista (GAA), José Eugenio Jacquet, y el ministro de Salud Pública Adán Godoy Jiménez. Varios batallones de asalto andaban realizando amedrentamiento de opositores y disidentes colorados, en tanto la propaganda oficial subía a decibeles estridentes contra la jerarquía de la Iglesia Católica, el Acuerdo Nacional, la federación de trabajadores MIT, la “prensa amarilla” rioplatense, los parlamentarios alemanes y los congresistas norteamericanos que pretendían intervenir en los asuntos internos de la República del Paraguay, contra el Departamento de Estado de EE.UU., los presidentes Raúl Alfonsín y Felipe González, etc. La dictadura militar, aislada por fuera y cuestionada por dentro, tenía epitafio a la espera.

(10) Ver sobre cuantía y extensión de apoyo externo, principalmente de EE.UU. y Brasf, José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro et al., ob. citada, pp. 103-104, 357 y ss., y Aníbal Miranda, Lucha armada en Paraguay (1989), p. 17 y ss.

(11) La lista de los torturados, asesinados y desaparecidos que pudo rescatarse está ordenada por casos en José María Blanch, Edith Acuña, Line Bareiro et. al., ob, citada, anexo.

(12) En el expediente Hugo Duarte Arredondo s/homicidio, tramitado originalmente por ante el juez Diógenes Martínez, se encuentran todas las piezas del proceso. Los médicos que realizaron la autopsia fueron David Ciccioli, Isidro Cáceres Marín y Sinforiano Rodríguez Doldán. La prensa destacó en un primer momento que se trataba de un “crimen pasional”, repitiendo la versión policial de forma sensacionalista. Ver "El crimen de Sajonia", Aquí, 9 de abril de 1976.

(13) Las trapisondas de la administración de justicia en Paraguay se encuentran en Aníbal Miranda y Analy Filártiga, El caso Filártiga (1992), pp. 73-77. Sobre las repercusiones internacionales, ver de Alberto Cabral, "Political murder in Paraguay", Americas, April 23, 1977.

(14) Ver, entre otros, "Joel Filártiga (h): un capítulo que se reabre", Hoy, 5 al 27 de abril de 1979. "Involucran a Peña en tráfico de drogas y en trata de blancas", Abc Color, 19 de abril de 1979. "Peña nos amenazó, a mi madre y a mí", Ultima Hora, 27 de abril de 1979. "Podría convertirse en prisión la detención de Peña en EE.UU.", Ultima Hora, 28 de abril de 1979.

(15) Escrito del juez Irving Kaufman, 30 de junio de 1980, Corte de Apelaciones del Distrito de Nueva York, reproducida en Richard Pierre Claude, "Torture on trial: the case of Joelito Filártiga and the Clinic of Hope", Human Rights Quarterly, Vol. 5 N- 3, 1983.

(16) La elaboración del móvil del crimen en conexión con la represión a las Ligas Agrarias Cristianas y OPM, fundamentos y pruebas se encuentran en Aníbal Miranda y Analy Filártiga, ob. citada, cap. 3 y 4. Ver también casos Joelito Filártiga y Joel H. Filártiga en Alfredo Boccia, Carlos Portillo y Carlos Arestivo, Médicos, ética y tortura en el Paraguay (1992), cap. 6.

(17) "Verdict on torture", Newsweek, January 23, 1984. El comentario citaba que la sentencia aparecía como una señal de que EE.UU. abandonaba el papel de policía de otras naciones, "pero sus tribunales están abiertos a juzgar acciones (criminales) en todos los rincones del mundo". Según el fallo, las torturas fueron "tan monstruosas que hacen a Peña un fuera de la ley alrededor del planeta". La compensación o indemnización no fue pagada por el estado paraguayo pese a las taxativas normas del derecho internacional, a la obligación del Ministerio Público y la Corte Suprema de acatar las disposiciones emanadas del Pacto de San José y concordantes ratificados por Paraguay. No obstante la prominencia internacional del caso -popularizada por la película LA GUERRA DE UN SOLO HOMBRE (adaptación libre de la historia real) protagonizada por Anthony Hopkins, Norma Aleandro y Rubén Blades- el gobierno de Paraguay no se ha dado por enterado de que la ratificación de los tratados los hace parte del derecho positivo, con prelación sobre las leyes internas y solo inferior en rango a la Constitución Nacional. Los tratados sobre derechos humanos vigentes aquí a partir de 1989 establecen la obligatoriedad de la compensación por crímenes de lesa humanidad.

(18) "Exit the dictator", Newsweek, February 13, 1989, "Paraguay: Over and out", Time, February 13, 1989, "Bloquean cuentas de Stroessner (h)" y "Reexportación de armas era dirigida por Eris Almada", Abc Color, 26 de marzo de 1989, pp. 13-14, "Ampliación del aeropuerto. Todo habría sido un negociado entre Gustavo y una constructora", Noticias, 18 de marzo de 1989, p. 21, "Pasan a retiro a 34 generales", Ultima Hora, 5 de mayo de 1989, p. 13, Análisis del Mes, febrero a setiembre de 1989.

(19) Ver Nathan Adams, "Tráfico de heroína en Iberoamérica", Selecciones del Reader's Digest, junio de 1973, pp- 151-192.

(20) Nicholas Horrock y Evert Clark, Conexión Latina (1982), p. 208. En inglés se conoce aquella red como "French Connection".

(21) "Presionan a Paraguay en lucha contra las drogas", cable de EFE en Hoy, 8 de marzo de 1988. El diario The Washington Post, de acuerdo al cable, informó que el gobierno de EE.UU. contaba con pruebas "de la participación de altos funcionarios paraguayos en el narcotráfico". Ver también Hoy, 20 de julio de 1988, p. 10, que informa sobre la participación de Adilson Rosatti, uno de los compañeros de la modelo Zuni Castíñeira, en la ramificación del cartel de Medellín según fuentes de la Policía Federal de Brasil. Se estimaba que unos 400 kilos de cocaína al mes salían de Paraguay con destino al mercado brasileño y de otros países, un total de 4.800 kilos o casi 5 toneladas al año. Entre los lugares de “refinación” se citaban Pedro Juan Caballero, Boquerón y Nueva Asunción.

(22) Riordan Roett, "Paraguay after Stroessner", Foreign Affairs, Spring 1989, p. 124.

(23) Constitución Nacional vigente desde el 20 de junio de 1992, publicado por el Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (1992). A pesar de que la misma Constitución previó la edición oficial inmediata de 10.000 ejemplares por parte del Poder Ejecutivo, solamente se ha publicado esta edición ecuménica.

(24)  "Repudian decisión de constituyentes", Tiempo 14, 17 de junio de 1992, p. 1 a 3.

(25) "Lilia: Rodríguez me pidió que renunciara", Tiempo 14, 23 de setiembre de 1992, p. 17.

(26) Abc Color, 3 al 6 de setiembre de 1992, p. l y ss. La serie de notas se tituló "Tráfico a Bolivia de vehículos robados". El robo de vehículos es un problema tremendo en Paraguay, acerca del que la población se halla sumamente sensibilizada por los repetidos asesinatos a manos de las gavillas cuatreras.

(27) Ultima Hora, 11 de setiembre de 1992, p. 15.

(28) Ultima Hora, 15 de setiembre de 1992, p. 14.

(29) Abc Color, 13 de setiembre de 1992, pp. 3-4, Noticias, 19 de setiembre de 1992, pp. 3-4. Según documentos de la Policía de Bolivia, Juan de Dios Martínez había cometido los delitos de robo de vehículo y contrabando en aquel país. Era pues un criminal internacional. En Paraguay la orden de detención dictada por la Justicia del Crimen contra Martínez no fue cumplida por la Policía, si bien el general Humberto Garcete demostró que podía conversar con él en su propio despacho tranquilamente. Martínez se mantiene prófugo.

(30) Ultima Hora, 25 de setiembre de 1992, p. 14, y 8 de octubre de 1992, p. 14.

(31)  Tiempo 14, 9 de setiembre de 1992, p. 8, Ultima Hora, 25 de setiembre de 1992, p. 15.

(32) Ultima Hora, 2 de octubre de 1992, p. 14.

(33) Ver entre otros, Tiempo 14, 30 de setiembre de 1992, p. 2, Ultima Hora, 6 de octubre de 1992, p.15, Abc Color, 16 de octubre de 1992, p. l, y 21 de octubre de 1992, p. 11, Ultima Hora, 16 de octubre de 1992, p. 15. El coronel González Rojas completó su declaración informativa ante el juez José Agustín Fernández el 23 de setiembre de 1992, detallando la forma como se realizaba el tráfico de coches y camiones hacia Bolivia. El número de vehículos entrados ilegalmente al país se calcula en unos 120.000, o sea 60 por ciento del parque automotor nacional, según la Cámara de Automotores y Maquinarias (CADAM). La mayoría de ellos son robados en Brasil y Argentina y en menor número en Uruguay, luego ingresados irregularmente a Paraguay. Un informe anterior de la Embajada Argentina estimó conservadoramente en 10.000 los autos argentinos robados que circulaban en Paraguay (aparte los reexportados a Bolivia). Ver información adicional en Ultima Hora, 23 de setiembre de 1992, pp. 1 y 14-15, Clarín, 4 de octubre de 1992, pp. 38-39, y Clarín, 8 de octubre de 1992, p. 5.

(34) Abc Color, 11 de octubre de 1992, p.10, y 25 de octubre de 1992, p. 4.

(35) Ultima Hora, 23 de octubre de 1992, p. 13, y 27 de octubre 1992, pp. 12-13. La estimación de desvío de fondos en dólares corresponde al cambio de guaraníes por dólar americano al 31 de octubre de 1992, Gs. 1.550 - USD 1.

(36) Ultima Hora, 16 de octubre de 1992, p. 15. Uno de los miembros del Consejo era entonces el general José Tomás Centurión, comando de Transmisiones. ANTELCO ha sido desde su creación un ente estatal dirigido por militares, a pesar de prestar un servicio eminentemente civil y esencial como son las telecomunicaciones.

(37) Comunicado de ANTELCO reproducido en Ultima Hora, 23 de octubre de 1992, p.12.

(38) Ultima Hora, 28 de octubre de 1992, p. 12.

(39) Abc Color, 3 de noviembre de 1992, pp. 8-9.          

(40) "De una condena a cadena perpetua a cinco años", Abc Color, 27 de setiembre de 1992, p.14.

(41) "El abogado Encina Marín destapa sus secretos", Abc Color, 4 de octubre de 1992, p. 14.

(42) "Parlamentarios investigarán juicio a ex titular de INC", Ultima Hora, 12 de octubre de 1992, p. 20, "Encina Marín recibió un millón de dólares de Ugarte Centurión", Noticias, 17 de octubre de 1992, p.15. Para corroborar su condición, cuando el ex jefe de Policía Francisco Sánchez fue procesado por corrupción y cohecho, no otro sino Encina Marín tomó su defensa. Juntos se crían, juntos acaban.

(43) "Encina Marín desafía a Comisión de Ilícitos", Abc Color, 18 de octubre de 1992, p.18.

(44) "Rodríguez desafió a quienes dudan del origen de su fortuna", Abc Color, 16 de octubre de 1992, p. 8. Al día siguiente de ese intercambio de preguntas y respuestas entre los periodistas y Rodríguez, el coronel González Rojas fue puesto en libertad.

(45) "Rodríguez debe proceder, aun contra sus amigos", Ultima Hora, 19 de octubre de 1992, p.14.

 


 

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